¿Existe la posibilidad de que los de Puigdemont hagan caer el gobierno de Pedro Sánchez, sea alineándose en una moción de censura contra él, sea boicoteando tal número de votaciones, que la legislatura explote? Técnicamente sí, es posible. Políticamente, es poco probable.
La ley de amnistía está aprobada, pero su implementación depende más de los jueces que del gobierno. Si Puigdemont no volvió "de verdad" el pasado 8 de agosto, limitándose a entrar y salir, jugando al gato y al ratón con la policía catalana, es porque no se fiaba de no pasar una larga temporada en prisión si hacía otra cosa. Lo predecible es que acabara saliendo en cuanto su caso llegue al Tribunal Constitucional, que ya ha sentado un precedente muy favorable -para él- amnistiando, de facto, la malversación de José Antonio Griñán por el caso de los ERE. Pero para que la carpeta catalana llegue al TC, primero tienen que verse los recursos ante el Tribunal Supremo y ante el juez Llarena, quien obviamente, no va a tener ninguna prisa. Más ahora que el fugado ha perdido la inmunidad que le daba su acta de eurodiputado y que toda Europa ha visto que en realidad nunca tuvo intención de ponerse a la disposición de la justicia, a no ser que alguien le garantice que va a entrar por una puerta y salir por la otra. Y eso, claro, no se lo puede garantizar nadie. Ni Sánchez, suponiendo que esa fuese su intención. Sencillamente no está en su mano.
¿Qué podían y pueden ofrecerle Sánchez y el gobierno a Puigdemont? Bueno, aunque el "marrón" de la nueva fuga del expresidente se lo hayan "comido" los Mossos d'Esquadra, ciertamente la Guardia Civil y la Policía Nacional existen. Y se podían activar o no. Ese día no se activaron hasta una hora en que lo más probable es que el fugado ya estuviera de vuelta en Waterloo.
Con la que está cayendo, es posible que, por una vez, al gobierno ya le vaya bien lo que está haciendo el juez Llarena. Al fin y al cabo, mientras Puigdemont esté en el limbo donde su propia cobardía le ha colocado, esa supuesta capacidad de chantaje sobre Sánchez que tanta gente le atribuye funciona justo al revés. No se dejen engañar por acuerdos de financiación y otras cortinas de humo. Lo único que de verdad importa y se ventila aquí es el perdón de los pecados. La amnistía.
La amnistía avanzará, pero a cámara lenta, muy lenta. El gobierno Sánchez ni la puede ni la quiere acelerar, pero sólo de él depende mantener viva la ley para que se aplique… algún día. Por eso decía que Puigdemont está en el limbo. Bueno, es una forma de hablar, porque sería más exacto decir que Puigdemont ya no existe. En el limbo estamos más bien todos los demás, los que esperamos a ver en qué queda esto. Cómo se reconstruyen las familias independentistas que han dominado el cotarro en los últimos quince años, todas ellas inmersas en crisis más o menos explícitas. La de ERC se ve de lejos. La de Junts per Catalunya no es tan evidente pero, de puertas adentro, es más cruenta aún. Porque lo que ahí de verdad se cuece es cuánto tardan en replegarse del separatismo sin salida a un nacionalismo neopujoliano, el peix al cove de toda la vida. Cuánto tardamos en volver a un escenario muy parecido al de los años 90, cuando Cataluña se la repartían socialistas y nacionalistas de traje. La famosa sociovergencia.
Junts puede hacerle perder algunas votaciones al PSOE, como hemos visto estos días en el Congreso. Pero también hemos visto que los socialistas contaban con ello y tenían asegurado el perímetro. Otro tanto va a pasar con los presupuestos españoles. Si se aprueban, bien. Si no, se prorrogan los que ya hay, y a correr. El problema no lo tendrán tanto en Moncloa como en la Generalitat, ahogada por las nuevas exigencias de contención del déficit que vienen de Europa, y que son especialmente duras para las CCAA.
Lo que nadie dice es que Bruselas se limita a fijar unos objetivos que déficit para toda España. Es el gobierno quién decide cómo se reparte eso. Y lo que suele decidir es que el Estado se reserve el 99% de esa capacidad de endeudamiento, dejando a las autonomías las migajas.
Eso es así por la sencilla razón de que la única vez que en España se ha cedido poder fiscal real del todo a una parte, fue cuando se le concedió el concierto propio al País Vasco y Navarra. El resto de las veces -también ahora-, se puede ceder dinero, muchísimo dinero. Lo que no se cede nunca es el control efectivo de la bolsa. No es cuestión de más o menos patriotismo. Es que cada Administración vela por sus propios intereses. Más recursos = más capacidad de perpetuarse en el gobierno. Lógico, ¿no?
Por eso yo estoy convencida de que todo este castillo de fuegos artificiales a cuenta de la nueva financiación "singular" catalana no va a pasar de eso, de una serie de petardazos políticos y semánticos que tarde o temprano (cuánto más tarde mejor, para Sánchez) se estrellarán contra la LOFCA, las mayorías en el Congreso y la Constitución. Finalmente llamarán "singular" a que Cataluña reciba mucho más dinero, tocando el modelo lo mínimo. O tocándolo, pero teniéndolo entonces también que tocar a favor de otras comunidades objetivamente perjudicadas por el statu quo actual, empezando por Madrid y Valencia.
Ante eso, un par de consideraciones. La primera es que no conviene olvidar que el actual gobierno de la Generalitat es monocolor socialista y lo preside Salvador Illa. Es decir, que quien va a gestionar el más dinero o menos que haya, será él, no Puigdemont, ni Junqueras. Sin duda a Illa le va a venir de perlas que en la Moncloa mande otro socialista, interesado en que le vaya bien. Ya verán qué rápido se ponen de acuerdo para recibir transferencias atrasadas, condonar la deuda del FLA, etc, etc. Para Illa, el limbo no es un bloqueo, es una oportunidad. También de ir avanzando sus peones para trazar nuevas hegemonías en Cataluña y seguir manteniendo a la actual oposición española en el rincón.
Si alguien echa un vistazo al sottogoverno que se está fraguando en la Generalitat, se llevará sorpresas. Se suponía que ERC había investido a Illa a cambio de mantener muchos cargos intermedios en la Administración catalana. Bueno, en la práctica, quitando la cúpula de la consejería de Cultura y la de Política Lingüística de nueva creación -que esa sí es la mayor concesión neta y sin matices del socialismo catalán al independentismo, aunque no se quiera fijar nadie…-, resulta que los republicanos, inmersos en una crisis de identidad, se autoexcluyen masivamente de un pastel que ocupan a mansalva destacados socialistas procedentes del mundo municipal…y gestores en la órbita de Junts. Concretamente, del ala más representativa de la antigua Convergencia.
Es evidente que, mientras en España unos trabajan para acelerar la caída de Sánchez, otros en Cataluña lo hacen para que el gobierno Illa dure muchos años. Que seguramente también es la mejor manera de retrasar lo primero.
Un último apunte. El PP probablemente serviría mejor sus intereses -tanto los de sus propios gobernantes autonómicos, como de la dirección nacional- si visualizara que tiene una alternativa sensata a los pactos PSOE-ERC. La financiación catalana tal y como está ahora es objetivamente mala. Como lo es la madrileña y la valenciana. Si Sánchez no cae todo lo rápido que algunos esperan, y si Illa se consolida, negar eso no va a dar réditos electorales a corto plazo. Y a largo plazo, mantiene a la oposición española pues eso, en el limbo. Nadie en Cataluña va a votar a un partido que dice que no quiere dar más dinero a ese territorio. Y si no te votan en Cataluña, no mandas en España. Parece una obviedad, pero a lo mejor alguien tiene que decirlo.
