Todo lo que sucede en Cataluña remite inevitablemente al incumplimiento de las leyes, de las sentencias y de las órdenes judiciales. Por sistema y sin remilgos, antes, durante y después del procés. Agosto fue el mes en el que la dirección de los Mozos se negó a detener a Puigdemont. Pasado el tiempo ya no hay dudas sobre su papel en el sainete. Ni a la policía más estúpida del mundo se le puede escapar un tipo que dice qué día y a qué hora se va a presentar en el centro de Barcelona para soltar un mitin, por lo que las excusas del exconsejero, del exdirector general y del exjefe policial no sirven ni para coartada basura. Ni Pedro Sánchez, ni el gobierno catalán saliente, ni el gobierno catalán entrante querían que se detuviera a Puigdemont y los Mozos, especialistas en pasarse las órdenes judiciales por debajo del arco del triunfo desde el referéndum ilegal, hicieron eso mismo, chotearse del juez Llarena con inaudita desfachatez.
Si agosto fue el mes en el que los Mozos de Escuadra y Puigdemont montaron el número de la no detención, septiembre es el mes de la no aplicación de las sentencias que dictan que al menos el 25% de la enseñanza obligatoria en Cataluña se debe impartir en español. Puro papel mojado. Los fallos se incumplen con ostentación, con alevosía, con un alucinante recochineo supremacista. Las escuelas no se tocan, les dicen a los jueces con una desfachatez que explica en buena medida que la denominada "escola catalana" sea una de las peores del mundo según los principales informes internacionales sobre la materia. Las víctimas del sistema educativo separatista salen de los colegios con unas carencias pavorosas en las principales asignaturas. Ni que decir tiene que los socialistas de Cataluña avalan la posición independentista y este año tampoco se aplicarán las sentencias lingüísticas contrarias a la desaparición del español en los colegios públicos y concertados.
Más ejemplos. El próximo fin de semana se celebra en Torredembarra un congreso de imanes integristas en el que participará lo más granado del salafismo, los predicadores del odio que consideran que cualquier mujer que enseñe algo más que la cara o las manos es una auténtica furcia. Entre los ponentes consta Mohamed Said Badaoui, un sujeto que fue expulsado de España en noviembre de 2022 por predicar la versión más extrema del Corán, por ejercer de policía moral de la comunidad magrebí en Reus y Tarragona y por difundir ideas contrarias a la libertad, la igualdad y la convivencia. En definitiva, un peligro público. Pues bien, antes de su expulsión este individuo fue recibido por el presidente de la Generalidad, entonces Pere Aragonès, y por la consejera de Igualdad y Feminismos, quienes no dudaron en posar con él tras glosar su dedicación al "activismo social". Sí, sí, un activismo consistente en presionar a las familias para que mandaran a sus hijas al colegio sometidas al código de vestimenta islámico.
Hasta el Parlament, la herriko taberna catalana, emitió una resolución favorable a Badaoui en la que se acusaba al ministerio del Interior de Grande-Marlaska de discriminar al personaje por su origen. De modo que un presidente republicano, una consejera super feminista e hiper progresista y un parlamento mega guay salieron en defensa de un sujeto que sólo reconoce una ley, la "sharía". Eso es Cataluña. Nada ha cambiado.