Martes negro para el Gobierno, en general, y para Pedro Sánchez, muy en particular: Por un lado, la negativa del prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, a que su partido respalde la senda de déficit, conocida como techo de gasto —paso previo y necesario para la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025—, ha obligado al Ejecutivo de Sánchez a pedir al Congreso este martes la retirada de la iniciativa, que ya no será debatida y votada mañana jueves, a fin de evitar un nuevo y durísimo varapalo parlamentario.
Por otra parte, la Justicia, lejos de dar carpetazo a los casos de corrupción que afectan al entorno familiar más cercano del presidente, amplía e incrementa las diligencias: así, la Audiencia Provincial de Madrid respalda que el titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado, investigue a Begoña Gómez por apropiarse del software de la Universidad de la Complutense de Madrid (UCM). La asociación Hazte Oir, personada como acusación popular, presentó una querella contra la esposa de Sánchez por registrar a su nombre una aplicación desarrollada por varias empresas y con dinero público en la Complutense. La querella recayó en el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, pero éste se inhibió en el Juzgado de Peinado. La Fiscalía recurrió esta decisión pero la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Madrid acuerda que esta línea de investigación recaiga también en el instructor del caso Begoña Gómez.
Por otra parte, la Guardia Civil ha vuelto a la Diputación de Badajoz este martes en busca de más documentación sobre la sospechosa contratación del hermano de Pedro Sánchez en 2017. Los agentes acudieron por primera vez el pasado 10 de julio para hacer un volcado de las cuentas corporativas tanto de David Sánchez como de otros ocho funcionarios y políticos. Sin embargo, una semana después, tuvieron que regresar, ya que, debido a un fallo informático, la UCO se encontró con que había un espacio de dos años en el que no tenían ninguna información. Todas las pesquisas se enmarcan en la investigación abierta a raíz de la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
Ni que decir tiene que cualquier presidente de gobierno normal presentaría inmediatamente su dimisión al ver cómo casos de corrupción tan graves afectan a su entorno familiar. Otro tanto se podría decir de un presidente de gobierno que carece de apoyos parlamentarios para cualquier iniciativa, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. A este respecto, recuérdese lo que decía el propio Sánchez cuando estaba en la Oposición respecto a un gobierno incapaz de sacar adelante su "primera y principal obligación".
Aun así, y aun cuando Sánchez tenga razones por partida doble para dimitir o adelantar las elecciones, que nadie se llame a engaño: Sánchez no tiene más proyecto para España que conservar como sea la poltrona. Aunque sea al precio de entregar lo que sea a los separatistas; incluso al precio de no gobernar sin abandonar el Gobierno.