Para ejercer la labor de periodista no es necesario estar colegiado. En realidad, ni siquiera hace falta ser periodista. Esto sería impensable en el caso de un médico, un abogado o un ingeniero, pero un colegio profesional, salvo a efectos de identificación, no es garantía de solvencia informativa. En el periodismo, profesión tan digna y apasionante como corrompida y servil, los colegios son el primer muro contra la libertad de prensa. Pedro Sánchez lo sabe.
Miguel Ángel Noceda —no seré yo el que haga juegos con apellidos—, presidente de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) dice que el fangoplan de Pedro Sánchez para controlar a los medios de comunicación que osan aludir a la innombrable es "perfecto". Da gusto verse representado por tan valeroso adalid de la libertad. Y sobrecoge la ola reaccionaria que ha mostrado el gremio en defensa de la verdad y de los intereses de los ciudadanos. Silencio absoluto. Silencio canalla. Sumisión de pago.
La FAPE no ha hecho nada bueno por la libertad de expresión salvo inspirar artículos contra ella por cercenarla. No sólo no defiende los intereses de los periodistas en el ejercicio de su profesión ni de los lectores en su derecho a informarse libremente, sino que ejerce como órgano censor a través de la llamada "Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo", una suerte de patio en el que ciertos periodistas asiduos al poder —indistinguibles de él— ajustan cuentas con otros por orden del Gobierno a modo de público repudio castrista.
Intentaron hacerlo con esta casa con la inestimable y habitual ayuda de Ignacio Escolar. Pero la FAPE, por más que quiera, no es un tribunal y su altisonante comisión censora nada puede hacer salvo ansiar la posibilidad de cerrarnos. Vanos intentos que, sin embargo, avisan de lo que, sin duda, puede llegar.
La CNMC, Comisariado Nacional contra los Medios de Comunicación
El 25 de junio de 2018 Libertad Digital recibió una comunicación de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en la que se nos informaba de la apertura de un expediente sancionador motivado en un comentarioFederico Jiménez Losantosen esRadio contra la sentencia del tribunal de Schleswig Holstein que denegaba la extradición de Carles Puigdemont y contra las lamentables declaraciones de la entonces ministra alemana de Justicia, Katarina Barley.
La CNMC tituló en su web de la siguiente forma: "La CNMC sanciona a Libertad Digital por la emisión de contenidos susceptibles de incitar al odio". La multa fue de 17.000 euros que, por supuesto, hubo que depositar. Todos nuestros "compañeros", salvo las honrosas excepciones que siempre se agradecen, se hicieron eco del titular con entusiasmo. La FAPE y sus hijuelos debieron de disfrutar de lo lindo.
El expediente se inspiró claramente en un informe previo del CAC (Consejo del Audiovisual de Cataluña), órgano censor del separatismo catalán que, por poner algunos ejemplos, no consideró siquiera reseñable el hecho de quemar un ejemplar de la Constitución en un programa de TV3 o que se obstaculizara la actuación de la Guardia Civil ofreciendo en directo desde Catalunya Ràdio la localización de las patrullas. Pero lo nuestro sí era merecedor de sanción y la CNMC asumió el papel, marcado por un órgano político separatista y, por aquel entonces, parte del golpe de 2017.
Lógicamente Libertad Digital interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. En enero de 2024 nos dieron la razón:
Esas manifestaciones por muy exageradas que se consideren o muy desafortunadas están dentro de la libertad de opinión de un periodista y constituyen una crítica a una situación muy concreta y determinada que se ha expuesto a través de frases que no se pueden catalogar de injuriosas o ultrajantes. Por todo lo expuesto, procede estimar el recurso contencioso administrativo y con arreglo al art. 139 LJCA se imponen las costas a la parte demandada.
Nadie nos acompañó en ese viaje pese a que teníamos razón, como en tantas otras ocasiones. ¿Federación de periodistas? ¿Asociaciones de la Prensa? Muros entre el informador y el ciudadano, libre de leer, escuchar y ver lo que le venga en gana salvo que lo obliguen a pagarlo en RTVE aunque no tenga televisor. ¿Una comisión que vigila la competencia sancionando a medios de comunicación por hechos que nada tienen que ver con el mercado y menos con la competencia? Pues es esto lo que nos espera. Y la CNMC ha sido la elegida por Pedro Sánchez para controlar a los medios y "mejorar la democracia".
El felipismo y el "sindicato del crimen"
Pese a que Anson en su irrefrenable ansonismo lo quiso traducir como un complejísimo levantamiento golpista republicano merecedor de una portada en primer plano con la barbilla levantada y la mirada altiva, no hay que olvidar que hubo un grupo de periodistas que evitó en primer término que el Gobierno de Felipe González modificara el Código Penal para introducir tipo penales encaminados a cerrar la boca a los críticos con su política, léase corrupción.
Lo importante, en brevísimo resumen, es que esos periodistas reaccionaron contra el asedio de una ley mordaza, primero a través de la Plataforma para la Defensa del Derecho a la Información de los Ciudadanos, impulsada entre otros por la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles). Se unieron muchos periodistas y editores. Declinaron hacerlo El País y la cadena SER. Todavía hoy se les agradece la sinceridad. La unión acabó fundando la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI) que el polanquismo felipista o viceversa tildaron de "sindicato del crimen"… quizá porque destaparon varios.
Allí estaban, antes o después, el propio Luis María Anson, casi como agente doble; Pedro J. Ramírez, el de los tiempos de los GAL; Julián Lago, Pepe Oneto, Luis del Olmo, Manu Leguineche o Pablo Sebastián y, por supuesto, Federico Jiménez Losantos, Luis Herrero, Antonio Herrero, Manuel Martín Ferrand, José María García…
Con el tiempo algunos renegaron, se perdieron o ya no están. Otros siguieron luchando contra los abusos felipistas que engullían empresas como sucedió con el Antenicidio —absorción ilegal de Antena 3 de Radio por parte de la SER aprobada en un Consejo de Ministros— o eliminaban obstáculos como hicieron en el caso Sogecable con Javier Gómez de Liaño: un magnate, Jesús de Polanco; un juez de parte, Enrique Bacigalupo y un presidente, Felipe González. He ahí los Poderes del Estado de aquel PSOE. Nihil novum sub sole.
De aquella lucha verdadera contra el poder —hubo de todo un poco— y sin otra intención que defender la libertad, que no es moco de pavo, queda apenas un reducto. La síntesis, sin adornos empresariales ni afanes ocultos, acabó por necesitar una nueva casa que debía ser digital, pero también radio y, desde luego, vídeo. En breve cumpliremos un cuarto de siglo. No lo tendrán tan fácil para fapearnos.
El verdadero problema de Sánchez es que ha perdido todo el poder territorial y, por tanto, el entramado mediático público que alimentaba a sus tertulianos. Sin esos cuarteles guardando las espaldas del socialismo es realmente complicado esconder, como pretende, la enorme corrupción que le acecha. A sus ministros, a su esposa, a su hermano y, por supuesto, a él mismo.
Que un presidente del gobierno que considera la Fiscalía como un órgano dependiente o que amenaza con gobernar sin el Poder Legislativo promueva medidas de control a la prensa es intolerable. Que le conceda el papel controlador a la CNMC, que depende de La Moncloa, es una burla chavista que, por otro lado, cabía esperar. Pero la FAPE lo ve todo "perfecto".
El registro de medios, que debe estar controlado por un organismo independiente [la CNMC], nos parece perfecto, y sus responsables, tanto la presidenta [Cani Fernández], como los directores y técnicos, a la FAPE merecen total respeto y confianza. Estamos seguros de que van a garantizar la independencia. De todos modos, estaremos vigilantes.
El señor Noceda está de acuerdo en que eso de abrir un medio de comunicación así como así no puede ser: "Al ser una profesión no regulada por ley, cualquier persona puede ejercerla y dar de alta una empresa como medio de comunicación en el Registro Mercantil". Según parece, cualquier persona puede llegar a presidir federaciones de asociaciones de personas que pueden dar de alta empresas como medios de comunicación. No todo es perfecto, sin duda.
Por mucha debilidad parlamentaria que sufra Pedro Sánchez, de momento no hay elecciones a la vista que permitan aguantar la respiración hasta que salga el sol. Todo lo que les permitamos hacer lo van a conseguir. Que nadie entone ese ridículo y suicida "aquí eso no puede pasar" porque, de hecho, ya ha empezado.
