Hasta que Sánchez se hizo con las riendas del Estado, ningún Fiscal General había ordenado publicar información confidencial sobre un procesado con el pretexto de tapar bulos y ofrecer a la ciudadanía "información veraz". Esto de que el ministerio público filtre conversaciones de los acusados con los fiscales que toman parte del proceso es propio de regímenes bananeros, donde los fiscales actúan en defensa del Gobierno y no del interés general.
Pero Sánchez no se ha escondido jamás. "¿De quién depende la fiscalía?", se preguntó retóricamente en una ocasión. Pues de él, naturalmente, por eso el Fiscal General del Estado actúa como un hooligan sanchista y se permite desahogos tan vergonzosos como la nota que hizo pública para destruir al novio de Isabel Díaz Ayuso por un asunto de cuando ambos ni siquiera se habían dicho hola qué tal.
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, está procesado por autorizar la publicación de esa información confidencial, con serio riesgo de que la Justicia lo empitone y lo envíe al hule sin que haya un equivalente de D. Máximo García Padrós para hacerse cargo del percance y salvar su carrera. Cuando pillan al jefe degradando a la institución de una manera tan grosera, los que tienen que defenderlo suelen adoptar un perfil bajo para no acabar también contaminados. En el sanchismo, sin embargo, ocurre todo lo contrario: aquí pillan a uno y los demás salen a defenderlo a calzón quitado. Vean si no los ardores jurídicos de la fiscal encargada del caso de su jefe, al que defiende con uñas y dientes con el argumento tan asombroso de que la revelación de secretos de García Ortiz carece de importancia porque, total, algunos medios ya habían publicado cositas. Hablamos de toda una teniente fiscal del Supremo, no de una letrada recién llegada a la carrera fiscal haciendo sus primeras armas en el foro.
Así pues, la fiscalía de Sánchez está para confirmar los rumores de la prensa en los casos que interesen al Gobierno y/ perjudiquen a Díaz Ayuso, con lo que el ministerio público ha ampliado sus funciones constitucionales para convertirse en una especie de tertulia de petardas dedicadas a airear los trapos sucios de quienes molesten al jefe o a sus principales esbirros. De paso, la fiscal del caso se permite señalar a algunos medios de comunicación privados, otra circunstancia inédita en la política española desde que Felipe González gritaba en sus mítines contra Federico Jiménez "de los Demonios". Va ya para un cuarto de siglo.
Pocas veces hemos asistido a un ejemplo de falta de dignidad profesional en uno de los pilares constitucionales de la Justicia, cuyos miembros están dispuestos a hacer un ridículo tan clamoroso como en este caso para no salirse del guion marcado por Moncloa. Es todo tan obsceno que al Ministerio Público de Sánchez casi le sobra la ele.
España nunca será Venezuela, de acuerdo, pero estas cosas, de momento, solo ocurren en Caracas y Madrid.