Nadie en su sano juicio político puede estar contento con la actitud del señor García Ortíz. Nadie con dos dedos de frente puede dejar de sentir tristeza por que una institución capital del Estado de derecho esté a punto de desaparecer. Nadie preocupado por ese bien común, llamado España, puede dejar de lamentarse por un Gobierno que, lejos de cesar en su puesto al fiscal general del Estado, lo somete a sus barbaridades. Ha pasado por primera vez en España y sospecho que también por primera vez en el mundo civilizado, o sea, en el mundo sometido al imperio del Derecho. De la ley. La máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado ha sido imputada por un presunto delito de revelación de secretos por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero se niega a dimitir. ¡Es una locura! Ha perdido su autoridad, pero no quiere reconocerlo. Un imputado por la Justicia dictará y dirá cómo hay que acusar a otros imputados por la Justicia. El mundo al revés.
El Fiscal General del Estado, saltándose el sentido común y la lógica jurídica más elemental, dice que no dimite. Aguanta en el cargo y, lo que es más grave, es apoyado por el Gobierno de la Nación. En esa acción se demuestran muchas cosas. Tres son reseñables. Primero, que la Fiscalía General del Estado ha quedado reducida a ser la Fiscalía del Gobierno. En segundo lugar, pone en evidencia a todas las asociaciones de fiscales que apoyen un comportamiento tan errático e inmoral como el adoptado por el Gobierno de Sánchez y su fiscal, por fortuna, sólo una no ha pedido su dimisión. El clamor en el ámbito jurídico contra García Ortíz es casi unánime. Nadie puede fiarse de un fiscal general que está imputado. Y, en tercer lugar, la opinión pública-política más desarrollada tanto desde el punto de vista moral como jurídico ha dictado su principal sentencia: el Gobierno de España se parece más a una banda de delincuentes que a una corporación decente capaz de gestionar y administrar las cosas. ¿Exagero? Creo que no. Quizá me quedo corto.
El mal ejemplo de García Ortíz es de libro. Ha corrido como un reguero de pólvora por toda Europa. Pronto llegará a América. Porque es un caso único no sólo en España sino también en el mundo más o menos democrático, deberíamos no pasar de lejos, no ocultarlo con otros fárragos y faramallas de una vida política envilecida. ¿Qué dirán las instituciones de la UE ante una caso tan escandaloso como la no dimisión de su puesto de un fiscal general del Estado imputado? ¿cómo soportarán los Gobiernos de la UE a un Gobierno de España que mantiene y apoya a un investigado ni más ni menos que por revelación de secreto de un justiciable? ¿y cómo reaccionará una ciudadanía que es tratada como si fuera una masa de animales estabulada? Todas esas preguntas y, sobre todo, sus respuestas son algunos acicates, estímulos y repulsivos no sólo para expulsar de la vida política a las bandas que se han apropiado del poder político, sino para impulsar una batalla ciudadana por una política decente a la que no puede ser ajena la institución del Derecho.
La imputación del fiscal general del Estado por presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, llevada a cabo por cinco respetables magistrados del Tribunal Supremo, abre un camino no sólo al ejercicio decente del derecho sino a la regeneración de la vida política. Por el contrario, si el señor García Ortiz persiste en no ceder voluntariamente su cargo, o peor, si el Gobierno no lo destituye, entonces estarán contribuyendo a que el mundo entero nos vea como un país asilvestrado dirigido por una banda.
