
No hemos tenido suerte con los Fiscales Generales, una figura cuya independencia se pone sobre el papel, pero que los Gobiernos se esfuerzan por convertir en papel mojado. Unos más que otros, cierto, y entre los que más han socavado la independencia de la Fiscalía hay que poner al Ejecutivo actual. Un Gobierno que nombra para ese puesto a quien acaba de estar en el Consejo de Ministros con la cartera de Justicia, como hizo en 2020 con Dolores Delgado, indica bien cuál es su grado de respeto por la independencia de la institución. Otros tuvieron seguramente un respeto igual de escaso, pero fingieron que lo tenían, haciendo realidad aquello de que la hipocresía es "el tributo que el vicio rinde a la virtud" (La Rochefoucauld). Lo peculiar de los Sánchez y cía es que no ven necesario disimular. Un presidente del Gobierno que, cuando quería detener a Puigdemont, soltó "¿y la Fiscalía de quién depende?" para mostrar que le bastaba ponerle un whatsapp al Fiscal, es alguien que ni siquiera sabe que debe disimular. Todo lo cual se aplica enteramente al proceder del ahora imputado García Ortiz, que sucedió a Delgado, su mentora, en 2022.
El Gobierno y su máquina del fango, por identificarla con sus términos, han salido en tromba por medios y redes a soltar que a García Ortiz se le imputa, al pobre, por desmentir un bulo y hacer, así, un favor a la ciudadanía y a la sociedad, favor que hay que agradecerle. Quieren hacer creer que aquello que el Fiscal decidió desmentir era algo terrible, espeluznante, una acusación espantosa y falsa, una cuestión, en fin, de vida o muerte. Pero no era nada tremendo ni decisivo ni vital lo que quiso desmentir García Ortiz. Fue que se publicara que el fiscal de Madrid había ofrecido un pacto de conformidad al novio de Ayuso en el proceso por fraude, cuando, según el desmentido, había sido el abogado del novio de Ayuso el que había pedido el pacto. ¿Merecía esta cuestión, la de quién ofreció antes un pacto, poner patas arriba a la Fiscalía, presionar a fiscales, filtrar correos electrónicos privados, difundir un comunicado de prensa como si se tratara de un grave y urgente asunto de Estado e incurrir quizá en un delito de revelación de secretos?
Hay que estar muy fuera de quicio para pensar que merece la pena disparatar así por algo de tan poca sustancia. Hay que estar muy dentro de la burbuja partidista para tomarse cada mínimo rifirrafe y cada nueva trifulca como la suprema y definitiva lucha final. Y García Ortiz lo estaba. Cuando puso, lo sabemos por los delatores whatsapp, que "si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato", no actuaba como Fiscal General ni como institución ni como independiente. Funcionaba como correa de transmisión de las obsesiones del presidente del Gobierno y del Partido. Como siervo obediente. La palanca que movió —y movilizó— al dependiente Fiscal en este episodio rocambolesco es la obsesión de los Sánchez y compañía con la presidenta madrileña Ayuso. Tenemos la novedad, nada edificante, de un Fiscal General imputado a causa de una pulsión política enfermiza de la que él, voluntariamente, decidió contagiarse. Es verdad que como tiene bula, seguirá: se protege al que se enfanga. Pero, visto fríamente, qué estupidez y qué locura.
