
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha pasado a la reserva. A pesar de que el Tribunal Supremo le ha dado la razón frente al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se negó a tramitar su ascenso a general, el reputado coronel renunció a la ejecución de la sentencia porque eso habría supuesto anular los ascensos de tres compañeros que no tenían culpa alguna de las cacicadas de Marlaska contra él. Ese ha sido el último servicio en activo de Diego Pérez de los Cobos, una muestra de honorabilidad, lealtad y compañerismo a la altura de su hoja de servicios.
Las graves injusticias cometidas contra Diego Pérez de los Cobos por parte de Pedro Sánchez y de Grande-Marlaska, el entusiasmo y la saña con la que han reprimido al mando de la Guardia Civil que contribuyó a frenar el golpe de Estado en Cataluña, evidencian la catadura del Ejecutivo socialista.
Encargado de coordinar el operativo para impedir el referéndum ilegal del 1-O, el papel del coronel fue clave para impedir el triunfo de la asonada. Esa actuación y la negativa a informar al Gobierno de las pesquisas de la Guardia Civil en calidad de policía judicial sobre la manifestación del 8-M previa al confinamiento por la pandemia fueron determinantes en el calvario del coronel en la etapa final de su carrera.
Que Diego Pérez de los Cobos no sea general de la Guardia Civil es una de las fechorías más indignas perpetradas por un Gobierno que no conoce ni uno solo de los valores del Instituto Armado, que no ha tenido el más mínimo reparo en represaliar a un mando del cuerpo por cumplir estrictamente con la ley y con las obligaciones de su cargo. Tras años de sacrificios y sufrimientos en el País Vasco y de haber sostenido el Estado en Cataluña con todos los elementos en contra, Diego Pérez de los Cobos ha tenido que pasar a la reserva sin haber logrado el reconocimiento oficial que merece.
El Gobierno de Sánchez y Marlaska se ha ensañado con Pérez de los Cobos lanzando de esa forma un mensaje nítido. Los golpistas catalanes son los árbitros de la situación política en España. Siete años después del golpe separatista, sus principales cabecillas, Puigdemont y Junqueras siguen en política. Y Trapero, el jefe de los Mossos que puso toda clase de obstáculos a la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante aquellos terribles días de otoño del 17, es ahora el director general del cuerpo catalán.
Los separatistas no han logrado la independencia, pero indultados y amnistiados condicionan la gobernación de España. Sánchez les debe el cargo y paga la factura con el dinero de los españoles y la cabeza del guardia civil. El caso del coronel ilustra a la perfección lo que sucede en Cataluña. Manda el independentismo, con quien el PSOE y el PSC practican una política de apaciguamiento mientras castigan a quienes impidieron el golpe. Trapero ha sido ascendido, Pérez de los Cobos, degradado. No hay más.