A Pedro Sánchez le apetece reunirse con Carles Puigdemont tanto como ir al dentista. El sentimiento es mutuo, pero el prófugo exige una foto con el presidente del Gobierno en pago del voto favorable de sus siete diputados a las iniciativas del Ejecutivo. Puigdemont pretende humillar así a Sánchez, que el presidente se rebaje a retratarse con el fugitivo español más famoso desde los tiempos de Roldán, el Dioni y el Lute incluso. No es que el golpista catalán tenga ganas de hacerse la foto con Sánchez, a quien considera un auténtico estafador. Se trata de otra cosa, de rebajar al líder socialista y señalar la evidencia: que tiene las llaves de la Moncloa y manda en España.
El presidente dice estar dispuesto a reunirse con Puigdemont. Y con Junqueras también. Con quien haga falta. Pero antes de prestarse a semejantes posados dice que ha sido Alberto Núñez Feijóo quien ha blanqueado al prófugo, quien vota con los separatistas en contra de las políticas fiscales y sociales del Gobierno, que es el líder popular el que da alas a los enemigos de España. A Sánchez se le da bien soplar y sorber a la vez, de modo que es capaz de decir que no tiene inconveniente en reunirse con un fugitivo de la Justicia cuya única actividad conocida es la de despotricar contra España en un territorio abonado, Bélgica, santuario europeo de etarras y golpistas, y al mismo tiempo valorar las excelencias de semejante aliado, imprescindible para la continuidad de la legislatura.
Mientras tanto, se suceden los gestos y los detalles del Gobierno con el líder separatista. El último, nombrar al que fuera director general de los Mossos durante el golpe de Estado, Pere Soler Campins, como nuevo consejero de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Toda una señal. Ya lo fue colocar a dos insignes independentistas (Sergi Sol y Miquel Calzada) en el consejo de administración de RTVE. Cien mil euros del ala al año para los propagandistas del golpe. Igual que la activación del Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido para que falle sobre la amnistía antes del próximo verano. Un alarde de celeridad para un órgano cuya especialidad más reciente es librar de la cárcel a los delincuentes de la cuerda sanchista.
La factura incluye más cesiones. El traspaso de la inmigración, la seguridad en manos de los Mossos de infraestructuras cruciales como los puertos y aeropuertos catalanes, la financiación singular o la condonación de la deuda autonómica de Cataluña... En total, cientos de millones de euros que han convertido el golpe de Estado de 2017 en un negocio fabuloso para sus promotores y una malversación de manual a gran escala. El acuerdo incluye también, como es obvio, taponar la corrupción del entorno familiar y político de Sánchez, atribuirla a la misma guerra judicial que según los separatistas se cernió contra ellos a raíz del golpe de Estado. Siete años después, la historia continúa, pero ahora en Madrid y a cargo de Sánchez.