Una de las características más sobresalientes del Gobierno es que no disimula ni sus planes ni sus intenciones. De ahí que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no haya tenido el menor problema en anunciar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuyo único objetivo es poner coto a la "persecución de las personas progresistas". Por lo visto, las personas no progresistas o lo que entienda el Gobierno por personas no progresistas carecen de los derechos que asisten a las progresistas.
La maniobra de intentar limitar el papel de las acusaciones populares es burda y sólo tiene el objetivo de desactivar las causas abiertas contra el entorno más directo del presidente del Gobierno. Si la nueva ley sale adelante, más que de Lecrim habrá que hablar de la ley Begoña, la última prueba de amor de Pedro Sánchez por su esposa.
Pero es que además de impedir la actuación de las entidades y organizaciones que han denunciado los presuntos delitos cometidos por la señora de Sánchez, su hermano o colaboradores políticos tan estrechos como José Luis Ábalos y medio Ejecutivo, con esa nueva ley se pretende otorgar a la Fiscalía la instrucción de las causas penales.
Con un fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el caso de una persona como la pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien al parecer no debe ser progresista, la propuesta de atribuir al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos no es más que otro torpedo en la línea de flotación del Poder Judicial, otra maniobra de castigo para arrinconar a los jueces y limitar sus competencias, un nuevo capítulo del asalto de Sánchez a los poderes e instituciones del Estado.
A Sánchez le espera un calvario judicial en el año que está a punto de comenzar. Son cada vez más numerosos los expedientes judiciales que le señalan como elemento fundamental. El caso de "su" fiscal general ha servido para advertir hasta que punto está dispuesto el presidente del Gobierno a retorcer la realidad y mentir descaradamente. Convertir la destrucción de pruebas en una prueba de la inocencia del fiscal no es gratuito, sino uno de los mandamientos del manual sanchista. A ese asunto hay que añadir los de su mujer, su hermano y sus más directos colaboradores tanto en el PSOE como en el Gobierno. La línea defensa está clara. Desactivar a los denunciantes, anular a los jueces y cambiar las leyes con el concurso de los herederos de la banda terrorista ETA y con los indultados y amnistiados que perpetraron el golpe de Estado de 2017.