Las tareas de reconstrucción tras el desastre de la gota fría en Valencia avanzan mucho más lentamente de lo que sería necesario y las ayudas no llegan. El despliegue propagandístico del Gobierno en esa materia contrasta dramáticamente con las trabas burocráticas que hacen inviables la mayoría de las peticiones de auxilio económico. Y a estas alturas, cabe recordar que la tragedia comenzó el 29 de octubre pasado, cientos de miles de personas aún sufren las consecuencias de injustificables demoras en el restablecimiento de infraestructuras y suministros.
Sin embargo, no parece que la vuelta a una mínima normalidad conste entre las prioridades del Gobierno para el año que arranca. No se conoce por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ninguna iniciativa, anuncio o siquiera declaración al respecto desde hace mucho tiempo. Sólo que rehúsa visitar Valencia para evitar el reproche de los ciudadanos. Debe confiar en que con el paso del tiempo su actitud y su incompetencia en Valencia no le pasen factura. Ha sucedido muchas veces.
Con ocasión de la Pascua Militar, el Rey ha señalado que aún queda mucho por hacer en Valencia, lo que cabe interpretar como un toque de atención respecto a las prioridades políticas de un Ejecutivo centrado en todo menos en responder a las demandas ciudadanas. La situación judicial de los entornos personal y político de Sánchez, las cesiones al separatismo que le mantiene en Moncloa, el asalto al Poder Judicial, el desprecio por la separación de poderes y el uso y abuso del Estado en su propio beneficio y el comodín de Franco ocupan toda la acción de Gobierno. Valencia les queda muy lejos a los ministros y más aún al presidente.
Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tampoco forman parte de las prioridades del Ejecutivo, salvo en lo relativo a su utilización política. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, utiliza a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de manera descarada mientras purga a los mandos que le señala el independentismo. Los casos de Diego Pérez de los Cobos y del coronel Baena resultan palmarios.
Tampoco el Ejército cuenta con las simpatías de un Ejecutivo que coincide con sus socios separatistas vascos y catalanes en la percepción sobre los militares y sus capacidades. Las posiciones en materia de política exterior del Gobierno más que ayudar a la fortaleza de las Fuerzas Armadas contribuyen a su desarme. Si España contara con un Ejército acorde con su población, situación y amenazas tendría otro grosor, muchos más efectivos y medios para afrontar situaciones críticas de toda índole tanto en Valencia como en Ceuta, Melilla y las Canarias.
Pero eso sería ir en contra del desmantelamiento del Estado que practica sin disimulo alguno el presidente del Gobierno. Los efectos de esa deriva se notan ahora con especial intensidad en Valencia.
