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El Supremo acredita las maniobras chavistas de Sánchez y su esbirro García Ortiz

España tiene en estos momentos un Fiscal General del Estado imputado, acusado de organizar una operación de persecución política al servicio del Gobierno.

El instructor de la causa abierta por la filtración de datos privados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, hizo público ayer un auto devastador para el futuro profesional y judicial del todavía Fiscal General del Estado. En el documento remitido a las partes presentes en la causa, el magistrado Ángel Luis Hurtado confirma la participación decisiva de la Fiscalía y la Presidencia del Gobierno en este intento de destrucción de un rival político, imputa a los colaboradores más cercanos de Álvaro García Ortiz por graves delitos y, de paso, reivindica la independencia y profesionalidad del equipo de la Guardia Civil encargado habitualmente de estas investigaciones, objeto de duros ataques por parte del Gobierno desde que este grave asunto inició su andadura judicial.

No hay precedentes de un escándalo de esta magnitud, ni en España ni en los países de nuestro entorno. Tal y como deja sentado el alto tribunal en el auto referido, el Fiscal General del Estado y sus colaboradores se habrían "concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el artículo 417 Código Penal". El instructor se refiere a la mano derecha de García Ortiz en la Secretaría Técnica de la fiscalía y a la Fiscal Jefe de Madrid, ambos también imputados por participar de manera decisiva en esta trama orquestada con intenciones políticas.

En cuanto a García Ortiz, el magistrado de la Sala Segunda del Supremo firmante del auto acredita la existencia de "una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos". El Supremo considera también acreditado que el correo con la información reservada del novio de la presidenta madrileña salió de la Fiscalía General del Estado con destino a la Presidencia del Gobierno, donde se puso a disposición del portavoz socialista, Juan Lobato, entonces al frente del PSOE madrileño, para que hiciera uso de él en la sesión de control al Gobierno de Díaz Ayuso.

Estamos, pues, ante un escándalo monumental, impropio de democracias consolidadas, que debería llevarse por delante a todo el Gobierno. España tiene en estos momentos un Fiscal General del Estado imputado, acusado de organizar una operación de persecución política al servicio del Gobierno, para destruir a la presidenta de la primera comunidad autónoma de España, que cuando ve estrecharse el cerco de las investigaciones destruye todas las pruebas a su alcance tratando de obstaculizar la acción de la Justicia. Todo ello con el impulso y apoyo expreso del Gobierno en pleno, cuyo presidente llegó a exigir públicamente que se pidiera disculpas a su esbirro por lo bien que ha actuado en todo este asunto.

La situación de García Ortiz ya era insostenible desde que a mediados de octubre pasado se le imputó como primera prevención al estallar este asunto. Desde ayer, su presencia al frente de la Fiscalía General del Estado es una extravagancia siniestra que lo califica definitivamente como un pobre lacayo sanchista, dispuesto a sufrir todas las indignidades imaginables al servicio del cabecilla de la trama.

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