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Jueces por el sanchismo: la reforma judicial del PSOE

Sánchez amenaza con destruir la Justicia con el mismo desahogo con el que se afana en intervenir la economía, acallar el Parlamento, cerrar los medios críticos y destrozar el sistema democrático.

El sanchismo prosigue sin pausa su operación de acoso y derribo del Poder Judicial. Las novedades en torno al anteproyecto de la reforma integral del acceso a la carrera judicial muestran a las claras el sesgo totalitario de las intenciones del Ejecutivo de Sánchez y el indisimulado objetivo de arrasar con la separación de poderes. Para ello resulta imprescindible contar con jueces afectos a la causa, dóciles, entregados al poder socialista, nombrados a dedo y liberados por completo de las oposiciones y méritos que rigen el acceso a la carrera judicial y su desempeño.

La vía que señala el ejecutor de los planes de Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, consiste en nombrar más de mil jueces por el coladero del cuarto turno cuya principal cualidad y única habilitación sea la obediencia ciega al Partido Socialista, la fidelidad perruna al sanchismo y el agradecimiento eterno a sus patrocinadores. Pero no contentos con eso, el sanchismo pretende que esos jueces sin oposiciones y sin más capacitación que la perfecta comprensión de la voz de su amo alteren la composición de las salas, asuman competencias disciplinarias en contra de sus "compañeros" y ejerzan su influencia política en nombramientos, señalamientos y repartos. Es decir, que actúen como comisarios políticos socialistas.

Que los movimientos de Pedro Sánchez en el asedio a la Justicia coincidan con las graves dificultades de sus entornos personal y político no es precisamente una casualidad. Las maniobras pretenden torpedear las causas que afectan a la esposa del presidente, su hermano, su fiscal y uno de sus colaboradores más estrechos, el exministro José Luis Ábalos. Pero no sólo eso. Si consigue sus propósitos, Sánchez se habrá garantizado la más absoluta impunidad con un blindaje judicial a la medida de sus ambiciones y de sus deseos de venganza.

No hay más que ver los cambios planteados por el PSOE para el Tribunal Supremo, una reforma cuyo objetivo no es otro que castigar a los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas. Contra el primero, por oponerse a la Ley de Amnistía. En cuanto al segundo, por su papel de enlace judicial en la autorización de los seguimientos del CNI a dirigentes golpistas.

A todo esto es a lo que se refería Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la última entrega de despachos a unos jueces de verdad, los que han superado las oposiciones y el curso en la Escuela Judicial. Los ataques "ad personam", la deslegitimación política de los jueces que instruyen los casos que afectan a la gran familia socialista, ese afán "democratizador" de la magistratura cuando más de un tercio de los jueces son hijos de personas sin estudios superiores según datos del CGPJ, todo eso es contra lo que cargó Perelló en presencia de Bolaños y de ese modelo insuperable de la "justicia socialista" que es el fiscal general del Estado, el ínclito imputado Álvaro García Ortiz.

Los asistentes a ese acto también fueron testigos de las palabras del Rey sobre la manipulación de las instituciones al servicio de intereses partidistas. Pero Sánchez, lejos de arredrarse, amenaza con destruir la Justicia en España con el mismo desahogo con el que se afana en intervenir la economía, acallar el Parlamento, cerrar los medios críticos y destrozar el sistema democrático de derechos, libertades e igualdad entre los españoles.

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