Todos los lectores pueden recordar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmar categóricamente en el Congreso que "tanto el control de las fronteras como el control de los flujos de inmigración irregular son competencia exclusiva del Estado y del gobierno central por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados".
Pues bien. Cinco escasos meses después, el PSOE y Junts han registrado una proposición de Ley para que el gobierno catalán gestione las otrora "intransferibles" competencias de inmigración, así como el control integral de los centros de internamiento de extranjeros. La norma incluye que los Mossos gestionen la seguridad de puertos, aeropuertos "y otras zonas críticas". Y aunque digan que se hará en "cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado", lo cierto es que, a partir de ahora, cuando se llegue a España por Cataluña, los únicos agentes que se verán serán los Mossos, cumpliendo así un deseo del golpista prófugo Carles Puigdemont que implicará tener que incrementar la plantilla de los Mossos en unos 1.800 efectivos hasta los 26.800.
No es esta la única cesión de Sánchez al golpista prófugo, ya que, si la norma sale adelante, "Cataluña se configura -tal y como afirma literalmente el comunicado emitido de forma conjunta por PSOE y Junts-como ventana única en su territorio de las autorizaciones de estancia larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración". El ejecutivo catalán también se encargará de expedir el documento de identidad a extranjeros, el NIE, "a partir del registro español".
De esta forma, Cataluña se convertirá en la única comunidad autónoma que no va a tener que hacerse cargo de los miles de inmigrantes que entran ilegalmente en nuestro país y que, lejos de ser repatriados, son diseminados por toda España por el Gobierno de Sánchez con la timorata condescendencia del PP. Así, no es de extrañar que el PNV, formación separatista en la que también se apoya el gobierno de Sánchez, haya dado inequívocas muestras de interés por esta inconstitucional -véase el articulo 149 de nuestra Carta Magna- y otrora "intransferible" delegación de una competencia exclusiva del Estado.
De hecho, a día de hoy, y visto el servilismo del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido al gobierno, únicamente la falta de apoyos de otros aliados del gobierno como los representantes de Podemos, podrían evitar que este proyecto de ley saliese adelante. Pero está por ver que los comunistas se sumen finalmente a la clara oposición que en este asunto ofrecen PP y Vox.
El hecho es que no le falta, desgraciadamente, razón a Puigdemont cuando, gracias a esta nueva felonía del gobierno de Sánchez, se jacta de que "Cataluña tendrá competencias en inmigración que sólo ejercen los Estados". Por mucho que se quiera tergiversar y contraponer lo que dice el articulo 150.2 frente a lo que dice el articulo 149.2 de nuestra Constitución, lo cierto es que, si la España Constitucional carece de fronteras interiores, la delegación del control fronterizo, por su propia naturaleza, no puede constituir una de esas competencias del Estado susceptibles de ser trasferidas o delegadas constitucionalmente a las comunidades autónomas.
Tan cierto como que Pedro Sánchez, con tal de seguir en la poltrona, es capaz de desdecirse en este asunto con la misma soltura con la que lo hizo en el caso de los indultos, de la ley de amnistía y de tantos otros. No tiene más límite ni más frontera que los que le permitan seguir en el poder.