La parrafada de la vicepresidenta primera este pasado fin de semana en relación con la absolución judicial del futbolista Dani Alves retrata perfectamente el estado de degradación del Gobierno. Es inaudito que un gobernante democrático se pronuncie con esa zafiedad contra los jueces y rechace un derecho fundamental reconocido universalmente como la presunción de inocencia, pero lo que resulta impensable en cualquier país avanzado es lo habitual en España bajo el sanchismo, un movimiento dirigido por extremistas de izquierdas que chapotean en la corrupción política al servicio de su jefe.
La ramplonería del ataque de Montero contra los magistrados que han absuelto al conocido futbolista es coherente con la campaña iniciada hace meses por Sánchez contra los jueces que lo incomodan. De hecho, es su continuación más lógica, vista la operación de desprestigio profesional y personal orquestada por el Gobierno y su prensa de carril contra el juez que investiga las andanzas de la mujer de Sánchez en la Complutense. La ignorancia supina de la vicepresidenta y la tosquedad dialéctica que le es consustancial solo añaden a sus palabras un toque de bochorno y vergüenza ajena a este ataque a la separación de poderes y la imparcialidad de la Justicia, habitual desde que el círculo más íntimo de Sánchez comenzó a tener problemas en los juzgados.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, sin excepción, han rechazado las palabras de la vicepresidenta y líder del socialismo andaluz, un segundo título éste que, sin duda, imprime carácter. El documento de rechazo a la andanada de Montero, suscrito por los juristas públicos con rara unanimidad, destaca la importancia de la presunción de inocencia, exige respeto a la independencia judicial y hace un llamamiento a la responsabilidad institucional, un desiderátum perfectamente inútil tratándose del Gobierno de Pedro Sánchez, situado por decisión propia fuera de cualquier coordenada aceptable en democracia.
Buena prueba de que el sanchismo considera apropiado amenazar a los jueces es el silencio del resto del Gobierno ante unas palabras infames que, sin duda, perseguirán a su autora durante mucho tiempo. Porque no se trata de corporativismo; es la asunción colectiva del sentido último de las palabras de María Jesús Montero, según el cual la Justicia solo puede actuar al dictado de lo que decidan en cada momento los ultraizquierdistas más estólidos empotrados en el Ejecutivo.
El PP ha exigido la dimisión de la vicepresidencia sabiendo sobradamente que es una petición estéril. Sin embargo, la oposición tiene la obligación de poner al descubierto las trapacerías del Gobierno y señalar a los responsables de estas acciones infames ante todos los ciudadanos. La gravedad de este último episodio, protagonizado por la segunda de Sánchez en el Gobierno, no puede caer en el olvido con el paso de los días, como suele ocurrir con los escándalos que viene provocando el sanchismo sin solución de continuidad.