España está sumida en una crisis múltiple: institucional, desbordados ya muchos de los contrapesos diseñados en el 78; política, con un parlamento anulado en su función legislativa; territorial, con un Estado replegado en la Meseta y sin apenas presencia en Cataluña y el País Vasco; moral, en un país en el que no nacen niños y en el que la educación reglada es ya abiertamente hostil al mérito; económica, porque el desplome del poder adquisitivo hace ya imposible adquirir una vivienda en propiedad y compromete, cada vez más, la compra de vehículos o la semana estival de vacaciones. Y da la cara, de unos años a esta parte, una nueva crisis, fruto de todas las anteriores: el espectacular deterioro de las infraestructuras que un día articularon el país e impulsaron su prosperidad. Si los atentados de 2004 cambian para siempre el rumbo político del país, la crisis de 2009 es su réplica sísmica en lo económico. Nunca España ha vuelto a alcanzar los niveles de inversión pública previos a la crisis. Hubo un desplome en infraestructuras hidráulicas, transporte (ferrocarril y carreteras) y urbanas del que el país ya no se recuperó. El caso concreto de las infraestructuras hidráulicas es particularmente dramático: la inversión cayó un 75 % entre 2009 y 2018 según un reciente informe de la Fundación BBVA. El estudio concluye que "la escasez de este tipo de inversiones ha influido en la magnitud de los efectos que tuvo la Dana que se produjo el 29 de octubre de 2024 en Valencia". Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania, advierte que la productividad en España no crece desde los 90: "todo funciona mal". Salvo espasmos puntuales de caos, el país parece transitar sereno su propia decadencia. La gestión catastrófica de la pandemia (la peor de la OCDE), la citada falta de infraestructura hidráulica, la ausencia del Estado en los días posteriores a la Dana, el humillante abandono de los afectados por el volcán de La Palma, la incapacidad para controlar las fronteras y contener las continuas oleadas migratorias, el desbordamiento de todos los servicios de asistencia, el incremento alarmante de la inseguridad, el colapso del sistema eléctrico (un fenómeno habitual en Latinoamérica pero inédito en Europa), y los trenes. También los trenes, antaño motivo de orgullo nacional, convertidos hoy en un desconcertante laberinto de incidentes, accidentes y escenas tercermundistas. El predecesor del actual presidente de Renfe dimitió a los dos años alegando "motivos personales"; su predecesor dimitió por licitar trenes que no cabían en los túneles. El asalto a las instituciones y empresas públicas se hace ya de manera masiva e indisimulada, y la falta de preparación técnica opera más como un mérito que como un hándicap. La socialista Pilar Lucio advirtió la semana pasada que "tener demasiados conocimientos técnicos puede ser contraproducente para formar parte del Consejo de Seguridad Nuclear". El caso del Aeropuerto de Barajas no es mejor que el de Atocha o Santa Justa. En el segundo aeropuerto de la Unión Europea deambulan hoy medio millar de vagabundos con el amparo de las autoridades. Los trabajadores denuncian inseguridad e insalubridad, y según informa la prensa ya han aparecido los primeros casos de sarna. El lunes se desprendió una parte de un túnel de la M-40, provocando retenciones de más de 10 kilómetros. Y mientras el país se cae a pedazos, Hacienda recauda un 40% más. Las 90 subidas de impuestos de Sánchez han disparado los ingresos tributarios del Estado: 295.000 millones de euros en 2024, 86.000 más que en 2018. Hoy los españoles dedican casi la mitad de su salario bruto a pagar impuestos y cotizaciones.