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El drama de ser autónomo en España

El porcentaje de autónomos sobre el total de trabajadores en España no deja de caer desde los años 90.

El trabajo por cuenta propia es una parte esencial de nuestra economía, tanto por su aportación al PIB nacional como por el volumen de empleo que concentra. En estos momentos, hay 3,4 millones autónomos en España, que sumados a los puestos de trabajo que generan suponen una masa laboral de más de 4 millones de trabajadores. Además, los trabajadores por cuenta propia aportan más del 15% de toda la riqueza anual de nuestro país, lo que acredita la importancia del trabajo autónomo como generador de prosperidad y justifica sobradamente la necesidad de una legislación que fomente esta modalidad laboral o, al menos, no la persiga de manera desmedida, como ocurre actualmente.

Un reciente informe elaborado por Funcas, una de las instituciones más reputadas en análisis macroeconómicos, advierte precisamente de la caída progresiva del número de autónomos en España, una circunstancia que se explica por las trabas crecientes que imponen las administraciones y, sobre todo, por una presión fiscal de niveles coactivos en lo que a estos trabajadores se refiere.

Así, el documento de Funcas señala que el porcentaje de autónomos sobre el total de trabajadores en España no deja de caer desde los años 90. En aquella década, los autónomos eran el 25% de los trabajadores, mientras que en estos momentos apenas llegan al 15% del total. Estamos, por tanto, en mínimos históricos en lo que al trabajo por cuenta propia se refiere, una situación preocupante que contribuye a desmontar el discurso triunfalista del Gobierno cuando se refiere a la marcha de la economía y el empleo.

Las razones de esta caída hay que buscarlas, como decíamos, en la persecución fiscal de la que son objeto por parte del Ejecutivo de Sánchez, que no ha dejado de aumentarles los impuestos y las cotizaciones sociales (otra forma de gravamen) desde su llegada al poder. Respecto a las tasas de la Seguridad Social, los autónomos españoles se han visto obligados a hacer frente a una subida de cotizaciones fruto de la reforma elaborada por el nefasto ministro Escrivá, cuya regulación a final de 2024 supuso un hachazo añadido para 900.000 trabajadores por cuenta propia, a los que se reclamó una media de 450 euros a cuenta de las cotizaciones de 2023.

Pero no estamos ante una subida puntual elaborada para salvar una determinada coyuntura, sino de un plan estructural ideado contra un sector de la economía al que la izquierda radical considera sospechoso y contra el cual valen todas las coacciones.

Los autónomos y las Pymes, responsables de más del 90% de nuestra economía, no pueden seguir siendo maltratados administrativa y fiscalmente como viene ocurriendo con Sánchez en el poder. Estando en el punto de mira del Gobierno social-comunista, nuestros autónomos merecen que la oposición defienda su derecho a trabajar y generar riqueza sin que el Gobierno convierta en inviables sus pequeños negocios a base de regulaciones y subidas de impuestos como las que vienen sufriendo desde que el sanchismo se hizo con el poder.

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