El retorcimiento de la semántica al que este Gobierno está tan acostumbrado ha dejado de tener efecto. La palabra normalidad no significa nada. Por una parte, los hechos son tan lacerantes que las calles y los ciudadanos ceutíes desarman cualquier retórica que trate de poner paños calientes sobre la amenaza más grave a la que se ha enfrentado España desde la banda terrorista ETA. Por otra, la sumisión política del sanchismo a Marruecos es tal que sería una irresponsabilidad no sentir una profunda preocupación por la seguridad de los españoles que viven en Ceuta y Melilla y dudar de la capacidad —o del coraje— de un Ejecutivo que se tambalea a la hora de defender la integridad territorial del país que gobierna.
Desde el sábado, distintos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez hablan de normalidad. En concreto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó el sábado que "en menos de 24 horas la normalidad se está alcanzando". Dos días después, las imágenes y los testimonios de los policías y de los guardias civiles desarman el relato. La portavoz nacional de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha aseverado que "no existe la normalidad que intentan transmitir". Por su parte, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) señalan que la situación, como mucho, "está contenida". El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, sigue la misma línea: acusa al Gobierno de "un fracaso total".
Mientras tanto, Pedro Sánchez ha vuelto a la residencia de La Mareta para seguir disfrutando de sus vacaciones —la que es su normalidad— y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, apunta en la dirección contraria al atacar a los socios europeos que muestran su preocupación. En Televisión Española ha elogiado "la colaboración" de Marruecos "para impedir ese flujo" y ha argumentado que una supuesta "internacional reaccionaria" ha amplificado la invasión. Así, el papel actual de Pedro Sánchez es el de la incomparecencia, y el de Albares, jugar con el humo.
La carta de los 22 países de la Unión Europea que sugiere la posibilidad de reintroducir controles fronterizos responde a una preocupación legítima que manifiesta que el que habría de ser el centinela de la frontera del sur de Europa no hace su trabajo. Aún hay otra derivada: la hipotética reintroducción de fronteras dentro del territorio de la Unión Europea demuestra hasta qué punto un acto de guerra que utiliza a los inmigrantes como carne de cañón puede hacer tambalear uno de los cimientos de la Unión, el tránsito libre de ciudadanos.
Las distracciones a las que recurre el Gobierno de Pedro Sánchez para no declarar el estado de alarma o el de excepción, así como el viraje del ministro de Exteriores en las causas de una amenaza de esta envergadura suponen una clara dejación de funciones, porque no es tolerable que el Ejército tenga que custodiar establecimientos y supermercados en jornadas maratonianas y en semejante minoría. Por un lado, los recursos excepcionales empiezan por ese decreto de estado de alarma, cuando menos; por otra, dotar de los efectivos necesarios para garantizar la seguridad en las calles.
No es comprensible que el presidente del Gobierno no haya suspendido sus vacaciones para trabajar en resolver su mayor crisis tras la pandemia. Más allá de todas las calamidades que han cometido él y su entorno, Sánchez se halla ante una situación que exige no menos fuerza que altura. Con toda seguridad, esperar altura de él sea una ingenuidad, pero la historia le brinda, en estos momentos, la posibilidad de demostrar que alberga algo más que las infamias a las que nos tiene acostumbrados. Pero eso no encajaría en la normalidad.