Nuestra representante de este sábado en Eurovisión, Melody, dice en su canción que "una diva no pisa a nadie para brillar". Si aplicamos ese baremo con los whatsapps filtrados de Pedro Sánchez durante esta semana, claramente nuestro presidente no es una diva.
A lo largo de los mensajes que hemos conocido, podemos inferir una personalidad mitómana, con nula tolerancia a la crítica y que incluso le molesta que haya quien pueda destacar más que él, como es el caso de la "pájara" de Margarita Robles.
Puede que sea por eso por lo que, ahora que su Gobierno está más al borde del abismo que nunca —con nulo apoyo parlamentario, una corrupción cada día más evidente y una población a la que no le termina de llegar esos buenos datos económicos que pregona—, le hayan entrado las prisas por cumplir de una vez esa gran meta que se ha marcado durante todo su mandato: el control efectivo de la Justicia.
Para ello, el sanchismo avanza en dos frentes de batalla: la regularización masiva de los jueces y fiscales sustitutos y la reforma de la Fiscalía.
Los jueces y fiscales sustitutos, el caballo de Troya de Bolaños
El Gobierno ha aprobado la incorporación extraordinaria de 954 jueces sustitutos y 331 fiscales interinos, una cifra sin precedentes que transforma de facto el acceso a la carrera judicial y fiscal.
Los jueces y fiscales sustitutos son profesionales del Derecho que ocupan temporalmente las funciones de jueces o fiscales titulares cuando estos no están disponibles —por bajas, excedencias, plazas vacantes o refuerzos necesarios—. No forman parte de la carrera judicial en el sentido estricto, ya que no han accedido por oposición, sino por apuntarse a una convocatoria determinada en la cual se valoran aspectos como la experiencia, la formación y, en algunos casos, se pasa una entrevista personal.
Con la consolidación masiva aprobada por Bolaños, se les está dando los mismos derechos que los jueces y fiscales que sí pasaron una dura oposición y que dedicaron años de su vida a formarse y a prepararse para el puesto que ostentan.
Bajo los pretextos esgrimidos por el ministro Félix Bolaños de "reforzar el servicio público de justicia" y de "dar cumplimiento a exigencias europeas", lo que se está llevando a cabo es un asalto silencioso al principio de mérito y capacidad que garantiza la independencia del Poder Judicial.
Además, dicha argumentación del ministro es falaz. Es cierto que el servicio de justicia necesita de refuerzo —nadie lo discute—, pero lo que debería hacerse es sacar muchas más plazas a través de una oposición. Tampoco es cierto que se trate de una exigencia de Europa, ya que lo que Bruselas realmente cuestiona es que se mantenga a los interinos de forma indefinida sin darles la oportunidad de estabilizarse mediante un proceso abierto, algo que sí ocurre con quienes quieren acceder a la carrera judicial, pues disponen de oposiciones periódicas a las que presentarse.
Con esta incorporación extraordinaria, el sistema judicial experimentará un cambio cuantitativo y cualitativo significativo: habrá más de un 15% de jueces y fiscales adicionales en ejercicio, seleccionados fuera del canal habitual de acceso por oposición.
Esto no responde a otra cosa que los intentos desesperados del sanchismo por tener un Poder Judicial más dócil al cual pueda doblegar mediante sus tácticas habituales: el soborno —a través del nepotismo institucional—, el señalamiento público y la polarización. Como no han podido con unos jueces que no se han arrugado frente a un ataque institucional sin precedentes, ahora pretenden diluirlos con la regularización masiva de unos profesionales que saben que le deben al PSOE su posición.
Pero su asalto a las nuevas plazas de jueces y de fiscales no se ha quedado ahí: varias asociaciones de jueces y de fiscales han expresado su descontento con que, en la oposición, a que hayan eliminado el examen oral —en el que al opositor le tocaba un tema al azar en función de la bola del biombo que elegía— y lo hayan sustituido por un caso práctico, el cual se presta mucho más a filtraciones o a subjetividad en la evaluación. Por otro lado, la puesta en marcha de un centro público de preparadores de opositores es otro elemento que causa inquietud, ya que los baremos con los que se elijan a preparadores y opositores pueden ser muy susceptibles de manipulación visto el historial de este Gobierno.
La reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal: el enésimo intento de jugarreta de Sánchez
En otro orden de cosas, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que ahora deberá pasar el trámite parlamentario en el Congreso y en el Senado.
Dicha reforma es ambiciosa y deja para mucho más adelante cuestiones que podrían ser muy peligrosas como darles a los fiscales los procesos de instrucción, por lo que no me detendré en ello.
Lo mollar es que, en principio, esta reforma reforzaría la cuestionada independencia de la Fiscalía: se extiende el mandato del Fiscal General a cinco años, se evita que el Gobierno pueda cesarlo, se obliga a hacer públicas sus comunicaciones con este y se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrán revertir las decisiones del Fiscal General cuando haya una mayoría de tres quintos.
Sin embargo, todas estas medidas no son más que un envoltorio de fingido reforzamiento de la independencia —no cambia nada relevante y la Fiscalía seguirá siendo un órgano jerárquico donde quien da las órdenes es puesto a dedo por el Gobierno— para colársela a la oposición y encubrir su verdadero objetivo: imponerle al PP un fiscal general afín al sanchismo durante todo su mandato.
En principio, Bolaños afirmó que la Ley no entraría en vigor hasta 2028, pero siendo predecible el largo trámite parlamentario que le aguarda, me inclino a pensar que intentarán meter una disposición adicional transitoria que permita a Pedro Sánchez nombrar a un nuevo fiscal general antes de marcharse en 2027 y que el PP no podría cambiar hasta 2032.
De este modo, se cierra el círculo del control de la Justicia: habrán colocado a un 15% de jueces y fiscales nuevos que les deben el puesto, tendrán mayor control sobre las oposiciones y conseguirían seguir controlando al Fiscal General. No habrán podido someter al Tribunal Supremo o al CGPJ, pero tampoco les hará falta.
Vista su escasa probabilidad de obtener una mayoría en las próximas elecciones, el presidente intenta dejarle como legado a su partido —o incluso a él mismo, quién sabe si pretende volver— el control efectivo de la Justicia por la puerta de atrás.
Sánchez sabe que puede perder el poder, pero no piensa perder el control. No es una retirada: es el acto final de su mandato. Y como todo buen ilusionista, se despide mientras el truco sigue funcionando.