Cataluña es un territorio al margen de la ley, el triángulo de las Bermudas de la Justicia. Hasta la llegada al poder del socialista Salvador Illa, altos cargos de ERC le podían robar sus hijos a cualquiera sin que participara en el proceso ninguna autoridad judicial. Desde la llegada de Salvador Illa tal competencia pertenece a altos cargos del PSC o ratificados por el PSC. Tanto monta.
El caso de la niña de 12 años a cargo de la Generalidad violada y prostituida por el cabecilla de una red de pederastas ha destapado una trama de corrupción extraordinaria, una especialidad delictiva especialmente deleznable, de lo peor en materia de criminalidad política. Fundaciones relacionadas con altos cargos de la Esquerra Republicana de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián recibieron cientos de millones de euros de fondos públicos procedentes de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalidad para hacerse cargo de niños y niñas como la menor de 12 años cuya vida ha sido masacrada también por ineptos funcionarios de la administración autonómica y educadores sociales que no tenían dónde caerse muertos.
La DGAIA y un grupo de fundaciones del tercer sector vinculadas a ERC son las piezas principales del enorme negocio sustentado por la Generalidad. La mayoría de los centros y pisos en los que habitan los niños, adolescentes y jóvenes a cargo de la Generalidad son de fundaciones "benéficas" que cobran fenomenales cantidades de dinero por cada menor de edad que dicen tener a su cargo. Más de la mitad de esos menores son extranjeros no acompañados. Luego están los hijos de los inmigrantes, con o sin papeles. Después, los niños adoptados.
Las familias víctimas de la DGAIA son de todo tipo y condición. El testimonio de un vecino, las dudas de un médico o los recelos de una maestra pueden arruinar vidas, pueden matar. A partir de la denuncia, la DGAIA es algo así como la GESTAPO. Llega un tipo con coleta o una muchacha con un pañuelo palestino acompañada por dos mozos de escuadra y se llevan a la criatura, sea un bebé o una niña de siete años. Sin intervención judicial. Porque lo ordena la Generalidad de las cuatro barras, el poder omnímodo, la Santa Madre Iglesia en la versión del beato fray Junqueras.
Esos son los niños robados. Luego están los jóvenes comprados, arrojados a las costas españolas y repartidos por la península según el criterio del Gobierno de turno. En Cataluña el negocio consistía en "acoger" a esos muchachos a cambio de fondos para su mantenimiento que poco a poco fueron engordando hasta el punto de que es más caro atender las necesidades básicas de un ser humano menor de edad en una fundación de ERC que matricularlo en Harvard.
Cómo será la cosa que organismos de la propia Generalidad como la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Agravios han puesto el grito en el cielo por los contratos fraudulentos, por los pagos ilegales y por los abusos de menores. ¿Y qué está pasando? Pues que la Generalidad de Salvador Illa ha decidido cambiar el nombre del organismo desde el que se roban niños y se compran adolescentes, que dejará de llamarse "dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia" para conocerse como "dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia". O sea que pasamos de la DGAIA a la DGPPIA.
Poca broma. De DGAIA a DGPPIA. Se ríen de la gente en la cara. Y a estas horas a ningún partido político de la oposición se le ha ocurrido llevar a los tribunales los informes de la la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Agravios que delatan el espectacular "negoci" de la "Esquerra" y la "Generalitat de Catalunya" con los menores. Mientras, la Generalidad de Illa protege a ERC de su 3%. Que nada cambie, salvo las siglas.