No, no disfruto yo especialmente utilizando términos grandilocuentes para señalar realidades que pueden identificarse con definiciones más concretas, más rigurosas y sin duda más coherentes. Así, el gobierno social-comunista no es un gobierno terrorista (que se sepa), pero sí gobierna gracias al apoyo fundamental de un partido en cuyas filas figuran condenados por terrorismo y que justifica y glorifica la miserable práctica del tiro en la nuca y el coche bomba; y no, tampoco es un gobierno independentista ni sedicioso, pero no gobernaría si no fuera por los votos de dos partidos que protagonizaron un referéndum de independencia absolutamente ilegal, que ha sido condenado, algunos de cuyos protagonistas han pasado por la cárcel y han sido indultados y otros se marcharon del país, prófugos de la Justicia, y sin embargo ahora reciben la visita de emisarios del gobierno para alcanzar acuerdos.
En una analogía que podría pensarse arriesgada, pero desde otro punto de vista también podría percibirse como necesaria para alcanzar la dimensión de lo que está ocurriendo en este país, podría decirse que todo esto convierte al gobierno de Pedro I El Falso –Pedro Chapote— como un gobierno terrorista o independentista, pero sin duda es mucho más preciso hablar de gobierno cómplice de terroristas e indepes. Eso no lo puede rebatir nadie.
En la misma línea, también podría decirse que éste es un gobierno golpista, como reflejo de los constantes ataques que practica a la libertad de prensa y al derecho a la información, la libertad de pensamiento y de expresión, a los pilares básicos de la educación libre e independiente y, por supuesto, a algunos de los poderes básicos del Estado.
El hecho de que el gobierno no sólo gobierne sin presentar presupuestos sino que alardee de ello es un claro ataque a la Constitución, que debería ser tratada como la ley de leyes que es, el texto sagrado e inviolable que debería regir y ya no rige nuestra actividad y convivencia; el que el Tribunal Constitucional se haya prostituido, con un magistrado de carné de partido en la boca y que se dedique a prácticas que le son absolutamente impropias a su naturaleza es otra perversión del sistema constitucional; el que el Fiscal General del Estado reoriente ahora la labor de la fiscalía a la defensa de procesados e imputados de un determinado color político en lugar de continuar por la senda que lo define como institución es una transformación putativa de la esencia constitucional.
Y, sin duda, el ataque constante y permanente desde el consejo de ministros y en especial desde el Ministerio de Justicia a los tribunales y a los magistrados que se atreven a abrir causas contra miembros del propio gobierno, nombrados por él o pertenecientes a su más íntimo entorno supone que el Poder Ejecutivo que representa el gobierno ha decidido arrasar con todo lo que, perteneciente a los otros dos poderes del Estado, en este caso el Judicial pero también el Legislativo, no le sea favorable.
Empieza ya a haber un número considerable de jueces y magistrados, más de media docena, que se atreven a abrir y a profundizar en causas judiciales contra personas como el hermano o la esposa del presidente del Gobierno, contra el Fiscal General del Estado al que Pedro Chapote llama "mi fiscal general", contra su subdelegado en Madrid, contra su líder político en Extremadura o contra el que fue su ministro plenipotenciario y hombre fuerte de su partido.
Y hay algo común en todos estos casos: los indicios de delito y los informes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son concluyentes, definitorios, palmarios. De no ser así, si tan sólo hubiera leves indicios, la obligación de los jueces es investigar y abrir las causas que puedan conducir a su esclarecimiento y la clase política debe, está obligada a aceptar ser investigada por la judicatura, como lo estamos el resto de ciudadanos de este país, de cualquier democracia.
Pero es que no es así: es que estamos ante casos en los que las pruebas conducen directamente a que ha habido choriceo ministerial del más cutre y casposo, con implicaciones sexuales y ese afán enchufista de esencia tan socialista; que ha habido entramados para movimientos ilegales de dinero; que ha habido familiares directos del presidente del Gobierno beneficiados económica y jerárquicamente por ser quienes son, sin que tengan grandes conocimientos de cómo se hace la O con un canuto; que incluso una de las más altas autoridades del Estado se dedicaba, presuntamente, a filtrar información confidencial de familiares de políticos; y, en definitiva, que se han cometido acciones delictivas varias, todas ellas con epicentro en el individuo que preside el Gobierno de España, bien por su responsabilidad en los nombramientos, bien por su influencia, bien por su posible implicación directa o bien por las tres cosas a la vez.
Y la reacción del gobierno, de su presidente y de su ministro de Justicia, en lugar de apoyar la acción judicial y pedir, diría que exigir, respeto a los procedimientos judiciales y a los responsables de los mismos, es atacarlos frontalmente, descalificarlos, poner en constante tela de juicio sus actuaciones y administrarles términos tan ridículos como inventados, tan peligrosos como repugnantes, desde investigaciones prospectivas a lawfare, desde politización hasta extrema derecha, por citar algunas de las lindezas salidas de las contaminadas bocas de representantes gubernamentales y especialmente del ministro de Justicia.
Y es así como, resistiéndome como me resisto, tal y como empezaba diciendo en estas líneas, a hablar de un término tan grueso y grave como "golpe de Estado", no tengo más remedio que reconocer que cuando uno de los tres poderes fundamentales, el Ejecutivo, el gobierno, se dedica a utilizar su influencia para desprestigiar, presionar y arrinconar a otro como el Judicial, no podemos hablar, siendo fieles a la definición de la cosa, de nada que no sea un golpe de Estado en toda regla.