Sánchez no engaña a la OTAN

La declaración institucional del presidente del Gobierno este pasado domingo, en la que anunció que la organización atlántica había eximido a España de invertir el 5% del PIB en Defensa, fue otra tomadura de pelo a las que el presidente del Gobierno nos tiene acostumbrados. La puesta en escena diseñada para este falso anuncio, una sala de prensa vacía sobre la que Sánchez paseaba la mirada como si estuviera hablando a un nutrido grupo de periodistas, adornó esa especie de alocución al vacío y contribuyó a que el conjunto resultara especialmente ridículo.

Todos los miembros de la OTAN se han enfrentado a la necesidad de incrementar su gasto defensivo con rigor, incluso aquellos que no comparten la necesidad de llegar al 5% exigido por la organización para luchar contra las crecientes amenazas internacionales. España es, una vez más, la excepción, como el único socio atlántico que ha tratado de convertir esta reticencia inicial en un circo para consumo interno.

Sánchez podría haber aceptado el acuerdo para que la OTAN enviara un mensaje de fuerza al mundo y especialmente a Rusia y China. Un posterior "cambio de opinión" habría trasladado esa responsabilidad al futuro Gobierno de España, como ha hecho tantas veces desde que llegó al poder. Pero la debilidad del Ejecutivo, cuestionado por sus socios a cuenta de la insoportable oleada de corrupción socialista, ha llevado a este trilero de la política a protagonizar una nueva pirueta que solo ha durado un día, hasta que el bofetón del mandatario de la organización atlántica, Mark Rutte, lo ha devuelto a la realidad.

El secretario general de la OTAN ha sido extremadamente claro al negar que España vaya a seguir un camino distinto del resto de socios de la Alianza Atlántica en lo que a la inversión en Defensa se refiere. "En la OTAN -ha insistido Rutte- no hay cláusulas de exclusión y no entiende de pactos o acuerdos paralelos", en referencia directa al intento de Sánchez de colar el presunto éxito de haber conseguido un trato privilegiado para nuestro país. Así pues, el Gobierno sanchista tendrá que llegar al 3,5% del PIB en gasto directo militar, más un 1,5% adicional destinado a mejorar las infraestructuras relacionadas con la seguridad. Exactamente igual que el resto de los socios de la organización.

Es evidente que este compromiso internacional va a socavar aún más la estabilidad del Gobierno, cada vez más precaria a cuenta de los graves casos de corrupción que acorralan al Ejecutivo y al PSOE. Los grupúsculos de extrema izquierda agrupados en Sumar ya han anunciado el rechazo a esta medida, al igual que algunas de las fuerzas separatistas de las que depende la mayoría gubernamental. Pero ese es un problema de Sánchez; no de España, cuya imagen internacional no puede quedar al albur de las urgencias políticas del presidente más cuestionado de nuestra historia democrática.