El todopoderoso ministro de Hacienda en la última etapa de Aznar y las dos legislaturas de Mariano Rajoy ha sido imputado por los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, junto a una treintena de personas vinculadas a su antiguo despacho privado. El exministro está acusado de impulsar reformas legislativas para beneficiar a las empresas que contrataban los servicios de su bufete, convertido de esta forma en una especie de ventanilla paralela de la administración pública dedicada al tráfico de influencias.
El PSOE ha salido en tromba a vincular a Nüñez Feijóo con este escándalo, aunque el actual líder del PP no haya tenido la menor relación, ni siquiera orgánica, con Cristobal Montoro, un fichaje siniestro (como tantos otros) que hay que atribuir a Aznar y, muy especialmente, a Mariano Rajoy, que lo recuperó para entregarle las riendas de la Hacienda Pública en sus dos mandatos.
El sanchismo y sus medios afines tratan de comparar los casos de corrupción que acorralan al Gobierno y al PSOE con un asunto muy anterior a la etapa de Feijóo. Pero es que ni siquiera en la respuesta partidista al escándalo salen bien parados los socialistas, porque mientras Montoro se dio de baja del PP nada más conocerse su imputación, los protagonistas de los peores casos de corrupción del PSOE siguieron durante meses en sus puestos, fueron incluidos en listas electorales y solamente acabaron expulsados cuando la basura de sus latrocinios hizo imposible su permanencia en el cargo.
Pero la ausencia de responsabilidad de Núñez Feijóo en un asunto al que, desde luego, resulta ajeno, no debería ser obstáculo para que el presidente y candidato del Partido Popular se pronuncie de manera contundente. Porque no es solo que Montoro se haya corrompido presuntamente, sino que, al frente del Ministerio de Hacienda, instauró un régimen de terror fiscal cuyas tácticas siguen presentes en la Agencia Tributaria, convertida en una herramienta del Gobierno de turno para torcer la voluntad de sus adversarios de manera absolutamente ilegal.
Montoro, de hecho, se jactaba de que conocía todo de todos y no se privó de amenazar, incluso públicamente, a los que consideraba enemigos del Gobierno de Rajoy, un alarde de matonismo político gracias a la información de la Agencia Tributaria que no desapareció con su marcha del ministerio, a tenor de las recientes imputaciones y ceses producidos en este organismo siniestro.
Urge, por tanto, que Núñez Feijóo se pronuncie sobre la manera de actuar de un organismo público que parece operar al margen de las leyes, escudado en la impunidad que proporcionan a sus abusos el hecho de que las víctimas no tienen, en muchas ocasiones, recursos para pleitear indefinidamente.
La Agencia Tributaria no puede seguir siendo un instrumento para el terror ciudadano en manos de desaprensivos al servicio de los peores intereses del Gobierno y eso es algo que, ante sus víctimas, actuales o potenciales, ya solo puede garantizar Alberto Núñez Feijóo.