Este próximo viernes se va a cumplir un año de la segunda fuga de España de Carles Puigdemont, un personaje que no es precisamente un tipo escurridizo, especialmente arrojado y de naturaleza aventurera. No, nada de eso. Puigdemont no está en absoluto dotado para el escapismo ni es una mente brillante a la hora de trazar planes perfectos. Eso ya quedó claro durante su desempeño como presidente de la Generalidad.
Que un hombre como Puigdemont haya logrado escaparse dos veces, la primera en octubre de 2017 y la segunda el 8 de agosto de 2024, es fruto de una feliz –para él– combinación de pasividad y complicidad por parte de los Mossos d'Esquadra, la policía política de la Generalidad. Política, sí. No hay más que recordar el papel del cuerpo durante el golpe de Estado separatista. Hubo agentes que se enfrentaron a los policías nacionales y guardias civiles que trataban de cumplir con su trabajo en unas insólitas condiciones de odio ambiental.
Es más, los Mossos llegaron a hacer seguimientos a políticos y activistas contrarios al golpe de Estado y a periodistas que se habían distinguido por no seguir las consignas independentistas. La justificación era "la radicalización del constitucionalismo". Eso en medio del Procés. O la paella en casa de Rahola con Puigdemont y Trapero a la guitarra dos años antes del golpe. Trapero llegaría a decir en el juicio en el Tribunal Supremo que tenía un plan para detener a Puigdemont pero que no lo puso en práctica porque ningún juez se lo pidió. En fin...
Resulta incomprensible que el cuerpo no fuera disuelto después del golpe o, como mínimo, que no fuera sometido indefinidamente a la disciplina del Ministerio del Interior. Eso explica que un sargento del área de escoltas con la complicidad de más agentes sacara de España a Puigdemont oculto en un maletero. Fue una precaución innecesaria. No había control alguno en las carreteras y nadie les siguió. Explica también que Puigdemont gozara en Waterloo de un nutrido servicio de escoltas voluntarios de los Mossos y hasta de los Bomberos de la Generalidad que no sólo custodian al hombre sino que le montan los muebles y le hacen la compra.
Un consejero de Interior de la Generalidad llegó a fichar como asesor al sargento que ayudó a huir a Puigdemont para que se pudiera pasar la vida en Bélgica cobrando de la administración autonómica y trabajando para un prófugo de la Justicia. El último escándalo –relativo– es la reincorporación a sus puestos de los tres mossos investigados por ayudar a Puigdemont en el número del 8 de agosto del año pasado. La consejería de Interior de la socialista Nuria Parlon y el director general Trapero así lo ha decidido.
A nadie se le escapa, claro está, que haber detenido a Puigdemont cuando tuvo la "idea" de dar un mitin en Barcelona el día de la investidura de Salvador Illa podría haber tenido consecuencias funestas para el bello Pedro. Así es que Puigdemont entró, habló y se esfumó por donde había venido ante las narices de cientos de agentes de la policía autonómica que tenían orden de no verle y sin que en el ministerio de Marlaska se diera orden de controlar la frontera. O algo. Todos fingen que cumplieron con su deber. Una estafa.