Nunca, nunca, nunca se apoya una protesta laboral si ocupas un cargo en una administración pública. Mucho menos si se trata de un consejero o ministro. Y está terminantemente prohibido si lo eres en la Comunidad de Madrid. Sucedió hace unos días con Carlos Novillo–consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Emergencias en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso– y tiene una explicación porque fue jefe de bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón y se sentía concernido. El pasado 14 de agosto, el comité de huelga de los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales de la empresa TRAGSA, que prestan servicio en la región madrileña, dio una rueda de prensa a las puertas de la Consejería. Se les contestó con un comunicado apoyando sus reclamaciones. "Más aún, cree que son 'justas', pero considera que no tiene (la Consejería) competencias para abordar el problema". Competencias no tiene. Solo es quien contrata y paga el servicio, que no es poco.
"¿Qué vaina es esa?", debió pensar la señora Ayuso, recién aterrizada procedente de Miami. Y montó tremendo zafarrancho. Desde el atril donde discurseaba por el día de La Paloma y daba merecidos reconocimientos a los bomberos de la capital. Con el consejero Novillo a su espalda, se despachó a gusto. A los trabajadores de las brigadas contra incendios les dijo que no sabía de qué se quejaban, si sus condiciones no son "ni mucho menos las peores en España". En eso va a tener razón. Cuando sean las peores entonces sí, pero no antes. Hecha esta afirmación –rotunda e inane–, personal de la Comunidad repartió a los plumillas asistentes al acto, un documentado dossier con las condiciones laborales y retributivas de los bomberos forestales en cada Comunidad Autónoma. Es broma, porque si bien la señora Ayuso no suele dar puntada sin hilo, en esta ocasión habló a ojo de buen cubero.
Y por si no se la había entendido, remató a los forestales con ese estilo alejado del "politiqueo" que tanto detesta: "Nosotros, desde luego, le vemos una motivación política". No estuvo espabilada la presidenta –quizá por el jet lag–, podría haber recordado que TRAGSA fue la que contrató a Jésica. Ya puestos.
A los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) les daría un consejo: convocar una huelga del 15 de julio al 15 de agosto no se le ocurre ni al que asó la manteca. Esas amenazas solo las pueden hacer los maquinistas de Renfe, que son unos privilegiados y ya ni eso. Desde que está el ministro Puente, los del sindicato de maquinistas ferroviarios a lo máximo que se han atrevido este año ha sido a "estudiar si retoman las huelgas por incumplimientos del convenio". En círculos sindicales se comenta que el ministro se vale él solito para paralizar la circulación ferroviaria. Que es mejor reservar fuerzas para cuando llegue el PP.
Los bomberos forestales que trabajan en la Comunidad de Madrid son trabajadores contratados por la empresa pública TRAGSA, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), es decir el Ministerio de Hacienda. A efectos funcionales depende del Ministerio de Agricultura. Los sindicatos convocantes de la huelga (UGT, Firet y CGT) confunden intencionadamente a la opinión pública cuando hablan de "los bomberos de la Comunidad de Madrid". "El medio millar de bomberos forestales madrileños estaba en medio de una disputa con el Gobierno regional cuando estalló el aparatoso incendio de Tres Cantos…", escribía la canallesca adicta al régimen sanchista. La disputa es con su empresa, TRAGSA, no con la Comunidad.
Los sindicatos engañan a la opinión pública cuando afirman que las retribuciones y otros muchos aspectos del trabajo de las BRIF no se actualizan desde el año 2008. El 19 de julio de 2019, el BOE publicaba el acuerdo firmado por CCOO, UGT, CSIF y CGT por el que se "regulan las disposiciones específicas para el personal adscrito al Servicio BRIF". Entre ellas, retribuciones económicas que, con seguridad, son actualizadas. En cualquier caso, está no es una reclamación que pueda atender la Comunidad de Madrid. Corresponde al Ministerio de Hacienda y a la SEPI.
La razón se pierde con el engaño y da pie a pensar que hay un interés político. De haberlo, sería el de algunos irresponsables que han convertido a los sindicatos en correas de trasmisión de los partidos de izquierda. Los trabajadores deberían pedir cuentas a esos representantes que se han comportado como unos aventureros y les han puesto en una situación imposible ante los ciudadanos: convocar una huelga en plena oleada de incendios. Sus retribuciones económicas las negocian los sindicatos que firmaron el convenio colectivo de TRAGSA, vigente desde 2011 y que afecta a toda la plantilla de la empresa pública. Pueden denunciarlo ante la Dirección General de Trabajo. Deberían preguntarles por qué no lo han hecho.
Harían bien los trabajadores de las brigadas forestales en dar muestras de inteligencia y sentido práctico y buscar en el consejero Carlos Novillo esa capacidad de diálogo y entendimiento que no encuentran en TRAGSA. A fin de cuentas la Comunidad de Madrid tiene contratado desde 2021 el servicio con la empresa pública. Seguro que algo puede hacer el consejero. Lo primero adecuar, si fuese necesario, las normas autonómicas a la Ley básica de bomberos forestales aprobada el pasado mes de noviembre.
UGT y los demás saben que la Administración autonómica no es competente para negociar sus condiciones económicas. Sus dirigentes –de la escuela panfletaria de Pepe Álvarez– han intentado liarnos señalando a la señora Ayuso como causante de sus desdichas. Eso no está bien. La presidenta se enfada y un poco de razón no le falta. Los trabajadores la pierden toda, la razón y sus justas reivindicaciones.