Se supone que el inicio del nuevo curso político iba a estar protagonizado por la intensa agenda judicial que afecta al entorno de Pedro Sánchez, con la apertura del Año Judicial, que, por primera vez en la historia, contará con la presencia de un Fiscal General del Estado imputado; con la comparecencia en el Senado de la fontanera del PSOE Leire Díez, imputada por espiar a la UCO y chantajear a la Fiscalía; con la comparecencia como imputada el 10 de septiembre de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, o con la comparecencia, al día siguiente, de la propia mujer del presidente del gobierno por un delito de malversación.
Sin embargo, y sin negar el protagonismo que estas noticias relacionadas con la corrupción asumirán en los próximos días, el gobierno de Sánchez ha dado un inicial protagonismo a otro aspecto no menos característico de su gobierno y no menos corrompido como es la pleitesía y la servidumbre ante sus golpistas aliados del gobierno. Así, el gobierno acaba de aprobar, al dictado de sus socios de Esquerra Republicana, el anteproyecto de ley para que el Estado central asuma gran parte de la deuda de las comunidades autonómas por un importe conjunto que supera los 83.000 millones de euros. Aunque el gobierno -y no pocos medios de comunicación- tengan la colosal desfachatez de hablar de "quita", lo que hace el Ejecutivo es mutualizar dicha deuda; es decir endosarle al conjunto de los contribuyentes españoles una deuda generada por las manirrotas administraciones autonómicas muchas de las cuales se han endeudado, no solo a causa de su mala gestión, sino también -como es el caso de Cataluña- por el carísimo empeño de crear estructuras de Estado y proseguir con su irrenunciable y carísimo proyecto de "construcción nacional". De esta forma, cada madrileño, por ejemplo, pasará a tener 500 euros más de deuda pública nacional, mientras que cada catalán tendrá 410 menos.
Se trata de una de las concesiones más graves e irresponsables de cuantas ha otorgado el gobierno de Sánchez a los golpistas por cuanto crea incentivos tanto para que las administraciones que más ajustan sus gastos a sus ingresos dejen de hacerlo como para que las más manirrotas aumenten todavía más su déficit. Es, por otra parte, un paradójico cuestionamiento del propio modelo autonómico que se basa -o debería basarse- en que cada administración regional se responsabilice de lo que autónomamente decide gastar. Sin embargo, los "soberanistas" nos han salido muy centralistas cuando de pagar deudas se trata. Esta mutualización de gran parte de la deuda autonómica va a tener también como efecto que la prima de riesgo de la deuda del Reino de España se dispare; es decir, la deuda pública del conjunto de los ciudadanos españoles no sólo va a aumentar todavía más, sino que es probable que se eleven los intereses de dicha deuda.
Aunque no afecte a los contribuyentes españoles, no menos nauseabunda y perjudicial para nuestro Estado de Derecho es el visto bueno de Pedro Sánchez a que el presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, se reúna en la "embajada" de Cataluña en Bruselas con el golpista y prófugo de la justicia Carles Puigdemont. Se supone que hay un artículo en el código penal (art. 408) que castiga la omisión del deber de perseguir delitos y delincuentes, pero está visto que Sánchez, con tal de seguir en la poltrona, esta dispuesto a amnistiarlos, a negociar con ellos y, llegado el caso a fotografiarse con ellos como ya lo ha hecho Illa con Puigdemont.
Lo que está claro es que el curso político empieza como acabó el anterior y como muy probablemente empiece el año próximo: Con la evidencia de que no hay precio moral, jurídico o económico que Sánchez no esté dispuesto a pagar con tal de seguir en la poltrona.