Es del todo lógico que el Rey presida la apertura del Año Judicial, tal y como hará mañana viernes en la sede del Tribunal Supremo, como que, dos días antes del evento, reciba al fiscal general del Estado para que le haga entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente al 2024, tal y como el monarca ha hecho este miércoles en La Zarzuela. Ahora bien. Lo que no tiene ninguna lógica y carece de precedente, tanto en la historia de España como en la de cualquier otro país democrático del mundo, es que la persona que ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal, órgano que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia "en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley", sea un presunto delincuente como Álvaro García Ortiz, imputado por un delito de revelación de secretos. Así las cosas, y al margen del derecho a la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano, se entiende perfectamente la seriedad y la tensión que ha reflejado el encuentro entre Felipe VI y Álvaro Garcia Ortiz.
Ahora bien. Quien no tiene ninguna obligación de dar aires de normalidad a lo que no lo tiene es el líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo, quien, por primera vez, no acudirá a la apertura del Año Judicial y, en su lugar, acudirá a la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso, lo que le dará todavía mayor simbolismo ya que el fiscal general del Estado está imputado, precisamente, por la filtración de datos personales sobre su pareja para intentar atacarla.
También resulta del todo lógico que magistrados del Tribunal Supremo se planteen pronunciarse contra el fiscal general en la apertura del año judicial para denunciar la "completa vergüenza que aún no haya dimitido tras ser procesado y que protagonice un acto junto al Rey y a la presidenta del Poder judicial como máximo representante de la persecución del delito cuando está a punto de ser juzgado".
Recuérdese, por otra parte, que ya había motivos para que García Ortiz presentara su cese desde mucho antes de su procesamiento como fueron los muchos reveses judiciales por sus más que polémicos y politizados nombramientos. Así, García Ortiz ya vio anulado su bochornoso nombramiento de Dolores Delgado por desviación de poder, pero también la sala III del Supremo consideró que García Ortiz contravino el fallo donde se anuló dicho ascenso como fiscal de Sala y ejecutó la sentencia al margen de lo establecido por el Tribunal, por lo que declaró la nulidad de la ejecución realizada. Además, el Supremo también anuló el posterior nombramiento de la ex ministra como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Lo que ya se ha llevado la guinda es que él mismo acabara imputado por un delito, a pesar de lo cual el Gobierno de Sánchez que lo nombró sigue arropándolo tanto como secundando la "critica" -más bien, criminalización- de algunos jueces.
Hace bien, pues, Feijóo en no dar con su presencia aires de normalidad a lo que no la tiene. No es normal ni tienen parangón en ningún país democrático del mundo que un imputado ostente el cargo de Fiscal General; como no la tiene que un gobierno amnistíe a unos golpistas a cambio de una investidura, como que un gobierno llegue a acuerdos de gobierno con formaciones filoterroristas como Bildu; o que negocie con prófugos de la justicia como Puigdemont; o que los contribuyentes españoles tengan que pagar traductores de lenguas regionales para que los diputados y senadores no tengan que utilizar la única lengua que todos ellos entienden y que es la lengua oficial del Estado.
No. No hay que dar aires de normalidad a tantas cosas que no la tienen, sino tratarlas como lo que son: muestras de una progresiva degradación institucional.