Leo en OKDiario (al césar lo que es del césar) una información sumamente interesante, firmada por Esther Jaén, que nos deja ver al trasluz del cada vez más frágil biombo de la separación de poderes en España. Me entero, nos enteramos, de cómo y por qué el proyecto de ley Bolaños pasó como una bala los filtros del Consejo de Estado, encargado de velar porque no crujan las costuras de la Constitución ni del ordenamiento jurídico. No es que ese proyecto de ley despierte oleadas de éxtasis entre la judicatura, temerosa de verse más politizada aún de lo que ya lo está. ¿Cómo se las arregló entonces el gobierno para obtener un dictamen favorable, y nada menos que unánime, del Consejo de Estado? Muy sencillo: tramitándolo de urgencia.
El trámite de urgencia es ese fast track al que muchos órganos institucionales recurren en caso, pues eso, de urgencia…o de no tenerlas todas consigo. Cuando algo es urgente está más justificado saltarse pasos, filtros y controles. Despachando la ley Bolaños de urgencia al Consejo de Estado, el gobierno se aseguró de que el dictamen no saldría del pleno de este organismo sino de la comisión permanente, donde cuenta con una mayoría más sólida de magistrados supuestamente afines…y, en caso de duda, Carmen Calvo, exvicepresidenta del gobierno Sánchez, tiene voto de calidad.
¿Hecha la ley, hecha la trampa? Hay que decir que todo el procedimiento descrito es escrupulosamente ajustado a derecho, es legal. Al Gobierno le ampara nada menos que el artículo 19 de la ley orgánica del Consejo de Estado. Tantísimo le ampara, que ni queriendo podrían los miembros del Consejo de Estado revolverse. Ellos no pueden rechazar el procedimiento de urgencia por muy claro que se vea el truco. Más claro, cuando después de recurrir a la "urgencia" para obtener el alto dictamen a favor del proyecto de ley, el gobierno lo está tramitando a cámara lenta. Por decir que lo tramita, porque lo cierto es que lo tiene guardado en una carpeta, de la que no se atreve a sacarlo por ahora.
Decía antes que el procedimiento es viejo y debió inventarse a la par que el hacha de sílex o la rueda. Es urgente lo que es urgente, y también lo es lo que queremos que lo sea para dar las explicaciones mínimas. Por ejemplo, de a quién se compraban cuántas mascarillas en pandemia. Pero en este caso, en el de la controvertidísima ley Bolaños, digamos que el "cante" es tal, que lo más amable que se puede decir es que el gobierno demuestra muy poco aprecio a la imagen e incluso a la autoestima de sus propios afines en el Consejo de Estado.
¿No quieren que los magistrados hagan política, dicen? Empiecen entonces por no meterles en estos fregados. Por no utilizar el procedimiento de urgencia para colar cosas que luego ni siquiera se hace el paripé de tramitar a toda prisa. Ya que el Consejo de Estado no tiene potestad para evaluar o ni siquiera discutir si tal o cual proyecto de ley es de verdad "urgente", a lo mejor sí podría poner fecha de caducidad a sus dictámenes. Pongamos tres meses. Si tres meses después del dictamen el proyecto de ley no ha entrado en máquinas, que el dictamen decaiga y que haya que volver a pedirlo, al pleno del Consejo esta vez, no a la comisión permanente más o menos de "confianza".
Yo cuando veo el desparpajo con que todo el mundo habla de jueces "progresistas" y "conservadores" debo admitir que no lo tengo todo tan claro, o no siempre. No creo que la judicatura sea una marioneta política…e incluso en los casos que lo sea, no creo que sea tan fácil de manejar. Aunque sólo sea porque los miembros del poder judicial, precisamente para garantizar su independencia, pasan menos controles que los de los otros poderes. Una vez acceden a determinada posición, cuesta mucho que la pierdan.
Por eso mismo nos tienen que durar más y mejor que, pongamos, un presidente del gobierno, ministro o diputado. Porque tienen menos repuesto. Nada es perfecto en esta vida y chuparse el dedo tiene peligro, en estos momentos. Pero no dejar títere ni Consejo de Estado con cabeza, todavía más.