
Jesús Cintora, Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo, Andreu Buenafuente, Pepa Bueno, David Broncano, Laura Arroyo, Marc Giró, Marta Flich, Sara Santaolalla… La lista de periodistas afines al Gobierno fichados en los últimos tiempos por Televisión Española es casi inabarcable.
Múltiples personalidades de todo ámbito han denunciado que nuestra televisión nacional se ha convertido en una institución cada vez más homogénea, en donde las distintas sensibilidades políticas y sociales han ido perdiendo espacio en favor de un discurso único alineado con las prioridades del Gobierno, y en donde lo que se cuenta y cómo se cuenta es indistinguible del argumentario que todos los días le manda Moncloa a sus portavoces.
Frente a estas críticas, el actual presidente de RTVE, José Pablo López, se defiende diciendo que los datos de audiencia son mejores que nunca, lo mismo que argumentaron en su día los defensores de la televisión pública catalana.
El caso de TV3: cuando la polarización sube la audiencia
Lo cierto es que podemos establecer un paralelismo muy esclarecedor entre lo que ha ocurrido en Cataluña y en lo que estamos observando en el ente público nacional en los últimos tiempos. Según la empresa encargada de la medición de las audiencias, Kantar Media, los datos de audiencia de TV3 en Cataluña durante 2017 eran bastante mediocres, rondando el 10-11% de share. Por el contrario, durante el referéndum independentista del 1 de octubre, estos se dispararon hasta alcanzar algunos días el 23%, consiguiendo mantenerse desde entonces en un 14-15% y siendo la cadena más vista en Cataluña.
¿Por qué ocurrió esto? Porque aunque la televisión perdió algunos miles de telespectadores constitucionalistas, su enfoque editorial completamente afín al golpe secesionista hizo que lo compensara sobradamente con las aportaciones que le otorgó el electorado proclive a la independencia. Este fenómeno fue estudiado por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el cual emitió un informe en el que ilustraba que, entre los partidarios a la independencia, aquellos que se informaban frecuentemente a través de TV3 pasaron de un 70,4% antes del 1 de octubre de 2017 a un 81,3% después de ese día.
Dicho modelo ha sido replicado por Televisión Española poniendo una parrilla de programas informativos afines al Gobierno, lo cual le ha otorgado subidas considerables en su audiencia media. De acuerdo a datos también de Kantar Media, la audiencia de la televisión pública se ha incrementado unos 3 puntos respecto a septiembre de 2022, mientras que Telecinco ha perdido unos 2 puntos y Antena 3 se ha mantenido estable.
Aún no tenemos investigaciones sociológicas que evalúen el perfil ideológico de los nuevos telespectadores que ha ganado la cadena pública, pero podemos inferir que, si su gran cambio ha sido el de poner programas afines a Pedro Sánchez, habría ocurrido lo mismo que en TV3: se logra subir la audiencia a base de atraer a un segmento de la población con una posición política muy marcada adaptando la línea editorial de la cadena a ellos, sacrificando así la pluralidad ideológica en pro de unos mejores resultados.
¿Pero es este modelo válido para una televisión pública?
Si lo piensas, es un modelo de utilización de lo público perfecto: el Gobierno consigue un altavoz que le sirva para comunicar sus dogmas, pero tiene como excusa el que hay más gente viendo la cadena. Sin embargo, esto es una falacia por dos motivos fundamentales.
En primer lugar, porque a pesar de tener más telespectadores, este sistema continúa siendo una sangría económica para toda la ciudadanía. De hecho, durante 2024 la Generalitat aportó a la radiotelevisión pública catalana unos 350 millones de euros y Moncloa inyectó a RTVE algo más de 1.100 millones, certificando así que todos los contribuyentes sufragan este modelo voten lo que voten.
En segundo lugar, porque la televisión pública no está concebida para estos fines. La Ley 17/2006, en su artículo tres, obliga a RTVE a actuar conforme a los principios de objetividad, imparcialidad y veracidad, con lo que de nada serviría que el organismo público tuviera un 90% de share si luego la línea editorial es absolutamente servil hacia un determinado partido político.
Lo más grave de todo es que el Gobierno está extendiendo el procés al conjunto de España en todos los aspectos posibles: atacan a la independencia de las instituciones, desprecian a los jueces por cumplir con su labor constitucional, intentan acallar a la prensa libre, catalogan como indeseables a los ciudadanos que votan a la oposición y ahora plagian su modelo de televisión única al servicio del régimen. Del procés catalán al proceso sanchista, el mismo guion ha sido llevado a todo un país como escenario, con la diferencia de que cuando el telón caiga Sánchez no tendrá a nadie para amnistiarle.
