El Constitucional, una vez más, al servicio del Gobierno

No por previsible resulta menos vergonzosa la decisión del Tribunal Constitucional -más bien, de la mayoría de magistrados designados por el PSOE- de admitir a tramite el recurso de amparo del golpista prófugo Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarle un delito de malversación por el 1-O. Teniendo presente que la mayoría socialista del TC de Conde-Pumpido, al que habría que rebautizar como "Tribunal de Garantías de Permanencia de Pedro Sánchez en el Gobierno", ya aceptó el pulpo como animal de compañía al admitir la compatibilidad de la Ley de amnistía con nuestra Ley de Leyes, no es de extrañar que se preste a torcer nuevamente el brazo al Tribunal Supremo en su consideración de que la malversación no es amnistiable al tenor mismo del engendro jurídico que el gobierno, al dictado de los propios golpistas, sacó adelante en favor de la impunidad de estos y de la investidura de Sánchez.

Aun así, sigue sorprendiendo la desfachatez de estos esbirros togados del gobierno al justificar la admisión a trámite del recurso de amparo del golpista por razón de su "especial transcendencia constitucional porque el asunto suscitado transciende del caso concreto y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales". Naturalmente que este recurso de amparo, como la exigencia misma de una ley de amnistía, tiene consecuencias jurídicas y políticas que nos deterioran como Estado de derecho. Pero llegado este momento las únicas "consecuencias políticas generales" por las que se pueden preocupar estos magistrados son la estabilidad del gobierno que depende del apoyo del partido de los golpistas. Y eso no es una muestra de legítima preocupación jurídica sino una repugnante muestra de servilismo político.

Y es que de estas vergonzosas decisiones del TC se puede decir lo mismo que lo que ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo a propósito de la propia Ley de Amnistía: Que no se redactó en busca de la "convivencia o reconciliación" con Cataluña y con el objetivo de paliar la crispación posterior al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, sino que sólo sirvió como "trueque o contraprestación política" para que Junts apoyase la investidura de Sánchez tras los comicios generales de 2023. Esta es "la única verdad" sobre la motivación de la norma como no contrariar al gobierno es la "única verdad" de la motivación de los magistrados "progresistas" a la hora de admitir tanto la constitucionalidad de la amnistía como la de admitir ahora los recursos de amparo tanto de Puigdemont como de los exconsejeros golpistas Lluís Puig y Antoni Comín.

De hecho, cabe recordar, como oportunamente ha hecho la diputada popular, que la Comisión Europea alegó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".

Así las cosas, sólo la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrá lograr preservar a España en este asunto como Estado de derecho, como nación respetuosa con sus principios constitucionales y con los propios fundamentos jurídicos que sustentan a la Unión Europea. Aun así, el cáncer que supone para España el tener un Tribunal de Garantías al servicio de un gobierno dispuesto a saltarse cualquier norma constitucional con tal de que los enemigos de la Constitución y de la propia nación española sigan sosteniéndole en el poder no se habrá extirpado.