La junta directiva de Junts se reúne este lunes en el sur de Francia para decidir si rompe el pacto de legislatura suscrito con el PSOE tras las pasadas elecciones generales. La portavoz del partido separatista en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ya anticipó el simulacro de órdago que va a tener lugar hoy en Perpiñán aludiendo a que había llegado "la hora del cambio", en referencia sarcástica a la última ocurrencia del presidente del Gobierno sobre el cambio de hora en la UE. Falta por ver si Puigdemont está dispuesto a cumplir su palabra, un hecho que cabría calificar de excepcional a tenor del juego de trileros que está protagonizando en los últimos dos años mientras Sánchez se eterniza en La Moncloa.
El PSOE concedería, sin dudarlo, todo lo que le ha pedido el prófugo. Ahí está la ley de Amnistía, la mayor chapuza jurídica de nuestra historia democrática, como ejemplo de hasta dónde es capaz de llegar un presidente socialista para mantenerse en el poder. Pero Sánchez tiene un problema con la plasmación práctica de sus acuerdos con las fuerzas separatistas, porque, en no pocos casos, se trata de asuntos que desbordan las potestades del presidente del Gobierno y, en consecuencia, el cumplimiento de sus promesas no depende de él.
Es lo que ocurre con la propia Ley de Amnistía, cuya extensión a los delitos de malversación para permitir la vuelta a España de Puigdemont se dirime en instancias judiciales sobre las que Conde-Pumpido, inmerso estos días en una lamentable gira de entrevistas, no tiene la menor influencia. Otra de las grandes preocupaciones del separatismo catalán, acorde con el alejamiento de la realidad del que suele hacer gala, es la oficialidad de la lengua catalana en las instituciones europeas, un asunto que cuenta con la oposición, expresa o tácita, del resto de miembros de la UE. Finalmente está la exigencia del traspaso al Gobierno regional catalán de las competencias en materia de inmigración, el único asunto que compete al Gobierno de España y que tampoco ha salido adelante debido a la oposición del sector ultraizquierdista del Ejecutivo sanchista.
Son muchos los agravios, fingidos o reales, que Sánchez está asestando al fugado de la Justicia, obligado a reaccionar como si realmente estuviera dispuesto a hacer saltar por los aires esta infausta legislatura. La Ejecutiva de Junts decidirá hoy cuál va a ser su respuesta a los incumplimientos de los socialistas y la militancia tendrá que validar después el acuerdo. Lo presumible es que, como ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores, los militantes del partido heredero de Convergencia votarán lo que digan sus dirigentes, pero ni siquiera con una votación a favor de romper con el PSOE estaría claro que Puigdemont vaya a hundir al sanchismo.
En primer lugar, porque el presidente del Gobierno está dispuesto a seguir gobernando a espaldas del Parlamento, por lo que la pérdida definitiva de la mayoría parlamentaria sería, tan solo, una circunstancia más del paisaje. Por otro lado, la única alternativa posible al sanchismo es un Gobierno de PP y Vox, lo que pondría fin a los privilegios que los separatistas han estado obteniendo de Sánchez a cambio de mantenerlo en el poder y ese es un precio demasiado alto, incluso para Puigdemont
La tendencia al estrambote del fugado y el pavor de sus paniaguados a una derrota estrepitosa si siguen apoyando al Gobierno puede llevar a Junts a romper con el sanchismo. Si lo hace, será de manera improvisada y en el último segundo, con el único fin de tratar de salvar los muebles de un partido que se encamina a un descalabro electoral sin precedentes en beneficio de la Alianza Catalana de Silvia Orriols.