El auto del pasado viernes del magistrado del Tribunal Supremo que instruye el llamado caso Koldo es de una extraordinaria relevancia por el giro que imprime a las investigaciones en curso. En primer lugar, porque dirige la atención hacia una posible financiación ilegal del PSOE, al indicar que los gastos abonados en metálico a José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, podrían haber sido satisfechos "eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita -o, incluso, delictiva", con lo que se estaría "blanqueando su procedencia". En segundo lugar, la resolución del magistrado Leopoldo Puente se dicta pocas horas después de la comparecencia judicial del ex gerente y la secretaria del partido socialista, que pusieron de manifiesto la absoluta falta de control en el flujo de dinero en efectivo que circulaba de manera habitual en la sede de Ferraz.
El auto explica que no hay constancia de quién recibía finalmente el dinero, ni el concepto por el cual se entregaban de manera recurrente esas cantidades abultadas en los conocidos sobres con el logo del PSOE. Pero lo que interesa al magistrado del Supremo es, precisamente, conocer cuál es el origen de ese capital en efectivo, que en los últimos años habría ascendido a más de un millón de euros y sobre cuya procedencia ninguno de los testigos ha podido aportar el menor dato.
A estos elementos indiciarios hay que sumar las declaraciones de los empresarios citados a declarar, que han detallado las entregas en metálico que realizaban en la sede de Ferraz como pago por la adjudicación de contratos amañados. La salida de parte de ese dinero, en metálico y sin control, para ser repartido entre personas que ni siquiera formaban parte de la estructura del partido socialista, ha sido también determinante para abrir una nueva vía de investigación que apunta directamente a una posible financiación ilegal del PSOE.
La instrucción pasa ahora a la Audiencia Nacional (el Tribunal Supremo únicamente instruye la causa por el aforamiento de José Luis Ábalos), cuyo Juzgado Central de Instrucción número 2 tendrá que investigar "la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas", a cuyo fin se le ha dado traslado del informe de la UCO, las declaraciones de los empleados del PSOE y de la testigo Carmen Pano, que aseguró haber entregado en Ferraz dos bolsas con 45.000 euros en billetes.
Todo este cúmulo de indicios convierte en ridículos los esfuerzos de Sánchez por reducir este caso a las andanzas puntuales de dos personajes corruptos. Muy por el contrario, lo que se desprende de lo ya investigado es que estamos ante un caso de corrupción estructural del partido socialista, cuyos peones se llevaban únicamente parte de lo que se recaudaba de manera irregular o, como sugiere la resolución del Tribunal Supremo, de manera abiertamente delictiva.