El juicio al fiscal general del Estado ha enfilado este martes su recta final con las declaraciones de los agentes de la UCO que han investigado el caso y por las del propio acusado Álvaro García Ortiz que ya se ha pronunciado sin toga y en el banquillo.
Respecto a las primeras, los agentes de la UCO han ratificado que García Ortiz borró tanto los wusups de su móvil como sus correos electrónicos desde el mismo momento en que el Tribunal Supremo ordenó el 16 de octubre la apertura de la investigación y el instructor podía ya actuar contra él. Aun así, los agentes han manifestado que el cruce de mensajes del fiscal general se ha podido rastrear parcialmente porque la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, a diferencia del acusado, no borró el contenido de su teléfono al abrirse una causa contra ella. Especialmente relevante es la declaración del teniente coronel Antonio Balas, quien ha afirmado que "durante todo el proceso, lo que se ve es "un dominio a todos los niveles del fiscal general", en referencia a la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Así, el teniente coronel ha declarado que sólo la Fiscalía General del Estado tuvo el expediente tributario completo y la denuncia del fiscal contra el empresario Alberto González Amador cuando fue filtrado a eldiario.es. El teniente coronel ha señalado que, en aquellos momentos, ni el caso estaba judicializado ni la Fiscalía Superior de Madrid, que encabeza Almudena Lastra, tenía la documentación completa que acabó, primero en manos de la Fiscalía General, y luego en las de eldiario.es.
Aunque García Ortiz haya justificado los borrados como una medida sistemática de precaución al tener información sensible, frente a este excusa es muy significativa la declaración de uno de los agentes: "Quien borra las pruebas que demuestran la inocencia o culpabilidad siendo además fiscal general y conociendo la ley, está obstruyendo la acción de la justicia y declarándose culpable. Nadie borra las pruebas que demostrarían su inocencia".
Con todo, no menos destacable de la declaración del fiscal general es, en primer lugar, que se haya negado a responder pregunta alguna formulada por las acusaciones y sólo haya contestado a las de la fiscal, subordinada suya, que, en este juicio surrealista, ejerce en realidad la labor de defensa junto a la Abogacía del Estado. Que el acusado haya justificado la publicación de la nota de prensa argumentando que "la verdad no se filtra, se defiende" es casi una declaración auto inculpatoria. Porque lo que se juzga es un delito de revelación de secretos, con independencia de si es verdad o mentira lo que ha de mantenerse en secreto y con absoluta independencia de cual sea su finalidad, incluida la finalidad defendida por García Ortiz de defender públicamente el recto actuar de la fiscalía en el caso del novio de Ayuso. Téngase en cuenta, además, tal y como denunció en su testifical de hace unos días el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, que esa "insólita" nota de prensa, de la que se ha responsabilizado siempre García Ortiz, era en sí misma "una fractura del derecho de defensa" y que "en modo alguno era preciso" revelar los correos de García Amador en el que admitía una fraude a Hacienda.
Así las cosas, y por mucho que García Ortiz haya borrado lo que podría determinar tanto su inocencia como su culpabilidad en esta causa, es tal el cúmulo de indicios que apuntan a su culpabilidad que podrían constituir una prueba indiciaria que, en Derecho, es la que se basa en hechos plenamente acreditados (los indicios) que, acumulados y mediante un razonamiento lógico, permiten inferir la participación del acusado en un delito. El tiempo y el Supremo lo dictaminarán, pero este juicio está ya listo para sentencia.