El PSOE se ha visto obligado a retirar su proyecto de reforma legal para regular el ejercicio de la acción popular, al constatar que su aprobación es definitivamente imposible tras la ruptura con el partido del prófugo Carles Puigdemont. El ministro Félix Bolaños, encargado de perpetrar ese enjuague jurídico para blindar a la esposa y hermano del presidente del Gobierno, suma así un nuevo descalabro en su más que nutrido inventario de fracasos parlamentarios.
La "Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas", conocida como Ley Begoña por la clara intencionalidad política que hay detrás de su elaboración, es un intento del Gobierno de anular las causas judiciales en las que están imputados la esposa y el hermano del presidente. Al prohibir la acción popular en los casos de corrupción política y dejar la iniciativa únicamente a la fiscalía, Bolaños pretendía cerrar en falso los casos de corrupción más cercanos al presidente del Gobierno, impulsados precisamente a través de las denuncias interpuestas por organizaciones civiles. Con la fiscalía al servicio exclusivo de Sánchez y la prohibición de ejercer la acción popular a los ciudadanos, los escándalos de su entorno más próximo serían archivados de manera inmediata, que es el verdadero objetivo de una reforma bastarda, impropia de una democracia asentada.
Las asociaciones judiciales pusieron el grito en el cielo cuando conocieron las intenciones del ministro Félix Bolaños. El colmo de esta ley era la intención de que su aplicación fuera inmediata para cerrar en falso los casos judiciales que están desangrando políticamente a Sánchez y su partido, un hecho inédito en la tradición jurídica de nuestro país que, además, contraviene el mandato de la Constitución Española en su artículo 125, que regula la acción popular.
Tras constatar su falta de apoyos parlamentarios (también los partidos ultraizquierdistas han mostrado su rechazo este proyecto), Bolaños pretende ahora colar por la puerta de atrás su reforma a través de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La diferencia con la idea inicial es más que notable porque, en el caso improbable de que saliera adelante en las Cortes, su aplicación quedaría postergada hasta el 1 de enero de 2028, cuando las causas abiertas en la actualidad ya se habrán sustanciado.
Pero este nuevo revés parlamentario del Gobierno no puede esconder su intención inicial de cambiar toda una ley orgánica amparada por la Constitución para beneficiar a los familiares del presidente, un abuso jurídico y político que solo tiene ya lugar en los sistemas dictatoriales.