La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es el órgano policial que más se ha distinguido en la lucha contra la corrupción por la eficacia en el cumplimiento de los mandatos judiciales y el rigor de sus investigaciones. El sigilo con el que los agentes de la UCO han llevado a cabo siempre su tarea es otro de los elementos sustanciales que hacen de esta unidad la elegida por los órganos instructores en las causas más sensibles, que en no pocos casos afectan al partido que gobierna o a las autoridades que detentan el poder.
En estos momentos, la UCO dirige las investigaciones de los casos de corrupción que afectan más directamente a Pedro Sánchez. La causa reciente contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, los procesos judiciales en los que están involucrados la mujer del presidente (Begoña Gómez), el hermano del presidente (David Sánchez) o los exnúmero dos del PSOE (José Luis Ábalos y Santos Cerdán), son algunos de los asuntos especialmente significativos en los que la UCO ha venido desempeñando su labor de manera ejemplar.
Siendo esto así, cualquier reemplazo en la dirección de esta unidad de la Guardia Civil ha de verse con recelo. No porque el sustituto vaya a enturbiar necesariamente la trayectoria de este equipo operativo, sino porque un cambio de estas características puede entorpecer las investigaciones en marcha, que se encuentran en estos momentos en una fase crucial.
Tal vez por ello, el Gobierno ha decidido descabezar la UCO justo ahora y para ello va a utilizar la vía indirecta del ascenso de su actual responsable, el coronel Rafael Yuste, que hoy martes será nombrado General y, en consecuencia, pasará a desempeñar otro destino. El Ejecutivo trata así de impedir situaciones como la que se vivió con el cese del coronel Pérez de los Cobos, represaliado por el ministro Grande-Marlaska por su negativa a facilitarle el contenido de las investigaciones que estaban llevando a cabo los hombres a sus órdenes, en una decisión política que el Tribunal Supremo acabó anulando por su evidente arbitrariedad.
El Gobierno defiende que su decisión está motivada por la necesidad de cubrir vacantes por jubilación y que se trata de un procedimiento habitual que no implica la desactivación de las investigaciones en marcha. El tiempo lo dirá, pero la ejecutoria de Sánchez desde que llegó al poder y la manera en que ha intervenido en todas las instituciones para ponerlas a su servicio, legitiman las sospechas en torno a un golpe de timón que podría tener influencia determinante en los procesos judiciales actualmente en marcha.