La justicia popular de Pepe, de la UGT, y Sordo, el de CCOO

A primeros del pasado mes de noviembre. Son cerca de las nueve de la noche y dos hombre de mediana edad conversan. Están próximos a una céntrica estación de Cercanías (omito el nombre) en Madrid. Pasamos delante de ellos y oímos a uno decir: "En agosto me voy a pedir una baja por depresión ¡Como un campeón!". Seguimos. Mi mujer susurra: "Es el taquillero de la estación". Domingo Soriano comentaba en estas páginas el informe Estudio Económico de España-Noviembre 2025 que la OCDE acaba de publicar. El porcentaje de trabajadores españoles que se declaran en baja laboral supera el 4%. Somos el segundo país europeo con más absentismo. ¡Unos campeones!

El lunes 24 de agosto de 1936, el número 237 de la Gaceta de Madrid publicaba el Decreto de creación del Tribunal especial. Formado por tres funcionarios judiciales y "14 jueces populares que serán designados por los partidos que integran el Frente Popular y organizaciones sindicales afectas al mismo". El procedimiento será sumarísimo, "y se acomodará a las reglas que previamente determine el propio Tribunal al constituirse". La UGT tuvo dos miembros. En unos meses se cumplirán 90 años y los sindicatos CCOO y UGT parecen añorar esa justicia que "pretendía que el aliento popular sea eficaz soporte de las resoluciones de los juristas y que el pueblo, representado por sus órganos de opinión, sienta su propia responsabilidad al imponer a los culpables pública y motivadamente la sanción adecuada". (Gaceta de Madrid, núm. 239).

"Es como si fueran rehenes". El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, criticaba la prisión preventiva acordada por el Tribunal Supremo, en noviembre de 2017, para Oriol Junqueras y siete consejeros de la Generalitat. "Se trata de que rindan cuentas ante la justicia, pero con garantías y la prisión preventiva no está dentro de ellas". Dos años después, en octubre de 2019, CCOO y UGT convocaban concentraciones de rechazo tras conocerse la sentencia del procés. "Manifestamos nuestro desacuerdo con una sentencia que agrava el conflicto político, que vulnera directamente derechos democráticos".

La negativa de los fiscales del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía a Puigdemont -mayo de 2024- también fue criticada por Pepe Álvarez: "Creo que sería bueno que ellos que son fiscales, que tienen que hacer cumplir la ley, dieran un repasito a la Constitución y vieran cuáles son sus obligaciones, que por cierto no son meterse en política; si se quieren meter en política que hagan un partido y que se presenten a las elecciones". En noviembre de ese año, el secretario general ugetista acusaba a la Audiencia Provincial de Sevilla de hacer coincidir la sentencia contra la UGT de Andalucía, por un delito continuado de fraude en las subvenciones de los cursos de formación, con la celebración del Congreso del sindicato que lo reeligió con 68 primaveras cumplidas. 34 años lleva de secretario general, 26 en Cataluña y ocho que serán 12 en la UGT de "nuestro país" o "el Estado español", que es como suele referirse a España.

Pero ha sido la sentencia que condena al, hoy delincuente y ayer inidóneo, fiscal general Álvaro García Ortiz la que ha desatado las iras de unos dirigentes sindicales que cada día se asemejan más a sus secuaces peronistas. Unai Sordo, el secretario general de CCOO, valora la sentencia: "Yo creo que hay una parte muy importante, cualitativamente muy importante, del poder judicial que ha decidido desde hace unos cuantos años ser un operador político de primera importancia en nuestro país y esto es un desafío democrático muy, muy relevante".

Y lean lo que dicen Hugo Yasky -de la Central de Trabajadores de la Argentina- y Hugo Godoy -de la CTA Autónoma- tras conocer que la Corte Suprema ratificaba -junio de 2025- la condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner: "Este fallo no responde a criterios de justicia, sino a una estrategia de persecución política con el claro objetivo de proscribirla". Para esos mafiosos y corruptos sindicalistas, "la denominada 'Causa Vialidad' representa un nuevo capítulo del lawfare en Argentina: un proceso judicial plagado de irregularidades, armado de causas infundadas y sostenido por una cobertura mediática orientada a estigmatizar y condenar sin pruebas".

Escuchen a Sordo defendiendo al fiscal: "La Justicia no está para establecer condenas sin pruebas. Para establecer condenas en base a indicios que no han aparecido por ninguna parte y vamos a ver exactamente qué es lo que se escribe en esa sentencia porque la cosa, en mi opinión es grave, es grave y además no es la primera vez que hay actuaciones judiciales en nuestro país sin ningún sustento". Álvarez amenaza con no callarse y él no hace la cosas a ojo de buen cubero. "No debemos de callar, porque necesitamos una justicia independiente, necesitamos una justicia que esté al servicio de la ley". Como a Pepe de UGT se le suele trabucar la dicción y el asunto es delicado, le encargó a un "negro" que preparase unas líneas para publicarlas en El País, que viste mucho. Y al plumilla le traicionó el 'inconsciente'. "Lo que se pone en cuestión en la condena a García Ortiz es el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, y el derecho a que la justicia no responda a insinuaciones, presiones o guiones políticos". ¿Se referirá a las presiones del Gobierno y, en particular, de su presidente?

Y uno se pregunta ¿qué les va a los sindicatos con la condena del fiscal? ¿Afecta a derechos de los trabajadores? ¿A la negociación colectiva? ¿Al cambio del modelo productivo -¡40 años con esta monserga!-? Quizá la respuesta esté en su mecenas, en Yolanda, la patrona: "Con la resolución conocida el jueves -20 de noviembre- uno de los poderes fundamentales del Estado ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista". La vicepresidenta comunista y el ministro Urtasun llamaban a la movilización para dejar claro que "en este país los Gobiernos no los ponen los togados reaccionarios". ¿Saldrán los orcos de izquierda a "reventar" jueces franquistas como pide Podemos? Veremos qué pasa una vez se conozca la sentencia.

Los pelos de punta de imaginar a Sordo, Álvarez, Iglesias, Rufián, Yolanda… en un tribunal especial. "La característica esencial de su funcionamiento consiste en ser un tribunal de clase que instaurará la justicia de la clase obrera, un tribunal verdaderamente revolucionario y de clase" (Andreu Nin, secretario general del POUM y consejero de Justicia de la Generalidad catalana). Dios no coja confesados; también a los no creyentes.