Acecho y represión, supervisiones policiales y duros castigos son los sueños del gobierno de Sánchez para mantenerse en el poder. ¡Qué digo sueños! Son los planes del aprendiz de dictador de La Moncloa. No crean que exagero. Me quedo corto. Estamos ante el gobierno más totalitario de la UE. Existen cien parámetros para probar mi afirmación. Cito tres que están a la vista de todos. Primero, el gasto en TVE para hacer propaganda a favor de Sánchez es descomunal. Son cifras desmesuradas. Jamás se ha conocido algo similar en la historia de esa institución. El Gobierno no se salta ningún control del ente televisivo para seguir haciendo de la TVE un órgano de agitación rígido contra la Oposición y, naturalmente, de propaganda y exaltación de la figura de Sánchez.
Segundo, España es el país con la red ferroviaria más extensa dedicada a la "alta velocidad", pero no funciona. Los trenes, dicen la mayoría de los expertos, no pasan de 150 km por hora. Y no se prevé que se arregle pronto la cosa. Sin embargo, el responsable de todo este desaguisado, el presidente del Gobierno, no dimite. Quizá 46 muertos en Adamuz le parezcan pocos. Tampoco Sánchez se atreve a cesar al ministro de Transporte, quien a todas luces tiene responsabilidades de todo tipo en el terrible accidente de Córdoba; al contrario, lo mantiene con actitud indolente en ese puesto para que le pare los golpes y queden en ese nivel las críticas dirigidas a él. Y Oscar Puente cumple con diligencia la orden de Sánchez: sale todos los días a la palestra. No para de insultar nuestra inteligencia y, además, responsabiliza del lamentable estado de la red a los antiguos gobernantes del PP.
Por si fuera poco, ahora Sánchez nos amenaza con vigilar y castigar duramente a todos los que usen la red social X. En verdad, el gobierno de Sánchez es la cabeza de puente de todas las barrabasadas de las élites gobernantes de la UE para conservar el poder. Si la Comisión de la UE se plantea seguir vigilando, reprimiendo y castigando la red social X, sin duda alguna la más libre y democrática de todas las redes de internet, Pedro Sánchez toma la delantera, y prepara un plan que ríase usted de los objetivos de Putin. Aquí Sánchez quiere imitar al dictador ruso. Aunque aún no lo ha anunciado, algunos de sus socios de gobierno lo han sugerido, no me extrañaría que Sánchez crease una "red" social pública, o sea, del gobierno, para controlar a todas horas a sus usuarios.
Por ahí va, en efecto, el plan putinesco de Sánchez. Lo presenta como una "cruzada" contra el odio digital, pero la regulación de las redes sociales propuesta por Sánchez no es otra cosa que un control estatal férreo sobre la expresión en internet. La libertad de expresión y de conciencia, como siempre, corren un riesgo real en la España de Sánchez. Elon Musk tiene razón al calificar de déspota a Sánchez. La descripción de las redes sociales como un territorio salvaje muestra a las claras el objetivo del Gobierno. Si ese ámbito es, realmente, salvaje, entonces debe ser domado por la policía sanchista: la persecución y el castigo de los usuarios son las principales herramientas de la regulación. El discurso oficial, retórico y falaz, pone el foco en la protección de las víctimas, especialmente de los menores, pero las medidas van mucho más allá. No solo pretende restringir el acceso a las redes a los menores de 16 años y obligar a las plataformas a verificar la identidad de los usuarios, sino que abre la puerta para hacer un seguimiento más exhaustivo de la actividad digital. El núcleo del plan es claramente punitivo. El Ejecutivo quiere endurecer las penas contra quienes considera "agresores digitales", un concepto tan amplio como poco definido. Insultos, comentarios ofensivos o mensajes polémicos podrían acabar bajo el paraguas del acoso o del odio, con multas elevadas e incluso penas de prisión en los casos considerados graves o reiterados.
El Gobierno plantea perseguir penalmente la difusión de contenidos falsos si se considera que causan daño social. Esto otorga al poder político de Sánchez la capacidad de decidir qué es verdad y qué es mentira, con el riesgo de castigar la disidencia. Por otro lado, el anonimato, uno de los pilares históricos de internet, también se pone en cuestión. Bajo la premisa de combatir a los agresores, se abre la puerta a vincular cuentas con identidades reales. Para muchos juristas, esto supone tratar a todos los usuarios como sospechosos, no como ciudadanos con derechos. Tampoco se libran de este plan las plataformas tecnológicas. Si no retiran contenidos con rapidez, se enfrentarán a sanciones millonarias. Incluso se ha hablado de responsabilidad penal para directivos, una idea que genera dudas legales y que parece más un gesto político que una medida viable. Aunque Sánchez insiste en que no busca censurar, sino responsabilizar, el enfoque se apoya casi exclusivamente en el castigo y la amenaza legal.
Vigilar y castigar, acechar y reprimir, son las premisas clave de Sánchez para resistir en La Moncloa. De momento, algo ha conseguido; sí, con la presentación del plan contra el uso de las redes sociales, ha creado un clima de autocensura donde opinar resulta peligroso. Lejos de educar y fomentar el pensamiento crítico, el plan de Sánchez apuesta por la sanción. Bajo el pretexto de proteger a las víctimas, se están disciplinando a la sociedad digital.