Desde que este lunes por la tarde supimos que Isabel Díaz Ayuso había cesado a uno de sus consejeros, ya sabíamos que la izquierda política y mediática iba a utilizar este asunto contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que tratarían de culpar de una crisis de enormes proporciones que amenaza con hacer temblar los cimientos de la administración regional. Y así ha sido. El cambio en la consejería de Educación, sustituyendo a Emilio Viciana por Mercedes Zarzalejo, lo está utilizando la oposición de izquierdas para dibujar un panorama apocalíptico que, según propagan, es el principio del fin del Gobierno de Ayuso.
Lo cierto de toda esta historia es que la presidenta madrileña ha decidido cambiar al consejero por no haber sido capaz de sacar adelante uno de sus grandes proyectos de esta legislatura, la nueva Ley de Universidades regional, que debe contener un nuevo sistema de financiación para las seis universidades públicas de la región. Este proyecto de ley, uno de los más relevantes de la legislatura para un PP que gobierna la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, se había enquistado por el rechazo frontal de los rectores y la comunidad universitaria, que se movilizó durante 2025 denunciando que la norma perpetuaba la infrafinanciación, favorecía a las privadas y recortaba la autonomía universitaria.
El objetivo de la nueva consejera es, por tanto, consensuar con los responsables de las universidades públicas la financiación de las mismas. Pero desde la izquierda y sus terminales mediáticas se han encargado de engrandecer esta crisis de gobierno resaltando el hecho de que, junto al consejero saliente —que por cierto él mismo ha reconocido que cesó a petición propia— se fueran también todos los demás miembros de su equipo, lo cual no deja de ser algo absolutamente normal.
Imagínense, aunque comprendo que es difícil dadas las circunstancias, que cada vez que un ministro de Sánchez no hiciera bien su trabajo, fuese cesado de su puesto. Ya no quedaría un solo ministro en su puesto. Lo que ocurre es que al presidente del Gobierno le da exactamente igual que sus ministros lo hagan bien o mal con tal de que sirvan al líder y cumplan el verdadero objetivo por el que fueron nombrados: ayudarle en todos sus maléficos proyectos cuyo fin último es perpetuarse en el poder. Pero lo que debe preocuparnos a los madrileños es que nuestra presidenta ha cambiado a uno de sus consejeros en siete años.