El gobierno de la Generalidad catalana que preside el socialista Salvador Illa ha presentado una enmienda para que la regularización extraordinaria y masiva de inmigrantes incluya el requisito del catalán en la primera renovación de permisos. Y lejos de esconderse, Illa ha ordenado máxima propaganda para la iniciativa, que supera en celo lingüístico a las formaciones separatistas. El gobierno catalán emitió un comunicado en el que afirma que el conocimiento del catalán se tendrá en cuenta en la primera renovación de la residencia. En concreto, señala que "la propuesta establece que las personas regularizadas dispondrán de un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas".
La medida servirá para expulsar de facto hacia otras regiones de España a los inmigrantes de Sánchez, precisamente a aquellas comunidades donde no hay más lengua oficial que el español, cuyo conocimiento, uso o aprendizaje, por cierto, no es requisito para acceder a esta regularización. De modo que en Cataluña no se pedirá a los inmigrantes que hablen o aprendan español, pero será condición sine qua non que aprendan el catalán y lo demuestren para poder quedarse en la región.
Ni al mismísimo Quim Torra se le habría ocurrido una idea así, que permitirá a la administración catalana enviar a Madrid por ejemplo a todos los inmigrantes que no puedan acreditar que reciben clases de catalán. Si fuera por Sílvia Orriols no haría falta ni la excusa de que no hablan catalán para expulsar a los inmigrantes, pero Illa, mucho más maquiavélico, ha dado con la fórmula para que Cataluña vuelva a ser una excepción (y el País Vasco y Galicia también, si así lo quieren sus gobernantes autonómicos) sin contravenir las disposiciones del Gobierno sanchista. Además, exigir el conocimiento del catalán no se considera supremacista. Otra cosa muy distinta es que se pidiera a los inmigrantes la integración en el idioma común de todos los españoles. En ese caso se hablaría en la izquierda y en el separatismo de racismo, imperialismo, supremacismo y hasta de heteropatriarcado.
La enmienda que ha presentado el gobierno catalán es inconstitucional y hasta inhumana, un peaje que se consideraría intolerable e inaceptable en cualquier otro país que no sea esta España de socialistas y separatistas hermanados en el golpismo, la corrupción y la traición a los españoles. Sin embargo, al ser el idioma catalán el que se impone como requisito, la mayoría de los medios y los partidos dan por buena y hasta blanquean una medida a todas luces ilegal.
Parecía imposible que Illa pudiera superar a los gobiernos separatistas de personajes como Mas, Puigdemont, Torra y Aragonès, pero lo está logrando con creces y sin reparos, dando la espalda a esa parte del electorado socialista que creyó que bajaría el pistón identitario y desaceleraría el proceso de ruptura con el resto de España. Es todo lo contrario y aunque la Generalidad no disponga aún de las competencias en inmigración que reclama el prófugo Carles Puigdemont, actúa como si las tuviera.
No de otro modo se puede entender la enmienda lingüística para cribar a los inmigrantes que se dispone a regularizar Sánchez y que en Cataluña se cuentan por cientos de miles. Que se preparen en las comunidades donde no se exigen requisitos lingüísticos para residir. Se les vendrá encima otra avalancha en cuanto los comisarios lingüísticos de Illa se pongan a examinar de catalán a los regularizados.