De un país en quiebra. Y no, no hablo de macroeconomía. Tampoco de gobernanza, aunque las derrotas electorales acumuladas por los alter ego de Pedro Sánchez sean ya un álbum de recortes.
Hablo de otra quiebra. La que no cotiza en bolsa, pero se cobra con sangre y con silencio. La quiebra de la confianza. La grieta que se abre cuando aquello que debe protegerte se convierte en un pasillo sin luz.
Si usted, querido lector, esperaba una crítica desaforada —y probablemente merecida— contra Óscar Puente, ministro de Transportes, por una gestión ferroviaria y de carreteras que desespera, hoy no le voy a dar ese gusto. Hoy le toca a Fernando Grande-Marlaska, juez en excedencia y ministro del Interior desde el 7 de junio de 2018. Una eternidad. Y sí: hay que joderse.
El atardecer del 17 de febrero de 2026 cae como un mazazo. Sobre los españoles en general, y sobre los agentes hermanos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en particular. Digo hermanos porque, cuando vienen mal dadas, nos contamos solos. Y cuando hay éxitos, los políticos se multiplican en palmaditas y fotos. Lo conocido en estas horas es un espejo: uno de esos espejos que no te devuelve la cara, sino la ruina.
Una agente de la Policía Nacional fue violada el 23 de abril de 2025. Un día con nombre propio en varios lugares —Villalar en Valladolid, San Jorge en Aragón—, pero que desde entonces lleva otro sello: el del miedo. Y eso, como diría Gabriel Moris Noguera, es imposible de olvidar:
—No podemos olvidar lo inolvidable.
Ese día, según el relato y la querella presentada, el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, requirió a una agente para que acudiera en un vehículo camuflado —color comercial, sin distintivos, matrícula ordinaria— a un restaurante. Allí comía con su asesor, el comisario Óscar San Juan. Terminada la comida, el DAO ordenó a su chófer que llevara al asesor a su domicilio, y él continuó con la agente en el vehículo que había acudido desde Coslada (Madrid).
Llegaron a las inmediaciones del domicilio oficial de residencia del mando policial. Tras conversar en el coche, él consiguió —según la versión de la denunciante— que ambos subieran al domicilio. Allí, ya dentro, se habría producido la agresión sexual. Hubo maniobras violentas, oposición por parte de ella, y un episodio que la víctima describe como violación. La agente habría grabado cerca de cuarenta minutos de conversación y sonidos asociados a los hechos.
Tras abandonar el lugar, recibió diecisiete llamadas del DAO. En los días posteriores, más llamadas y mensajes sin respuesta. Después, llegaron los ofrecimientos: destinos "a la carta", intentos de recomponer lo irrecomponible, y el ruido de fondo que siempre acompaña a estos casos dentro de estructuras jerárquicas: el "mejor no hagas esto", el "mira lo que te conviene", el "no la armes".
Una agente de la Policía Nacional.
La mujer acudió al denominado punto violeta. Acudió también al sistema de protección psicosocial el 24 de julio —víspera de Santiago Apóstol, patrón de España—. Y, finalmente, presentó querella en Plaza de Castilla el 9 de enero de 2026.
¿Se imagina el lector el calvario? ¿Las noches sin sueño? ¿El repaso mental de cada frase, cada puerta, cada mirada? ¿Y las presiones? ¿Y el peso de estar sola frente a un mando que, dentro del cuerpo, ostenta el rango más alto?
Aquí viene el dato que no debería existir en un Estado decente: esa agente, presuntamente agredida sexualmente por un superior, no confió en sus propios compañeros para denunciar en sede policial. Esperó a ir al juzgado.
Eso es la quiebra. Esto es el país en quiebra.
Porque una cosa es el delito —horroroso— y otra cosa es el sistema. Y cuando el sistema falla en lo esencial, todo lo demás es propaganda. Si una policía nacional no se siente segura denunciando una agresión sexual en su propia casa profesional, entonces el uniforme deja de ser armadura y se convierte en jaula.
El 18 de febrero, en la sesión de control, Fernando Grande-Marlaska afirmó que dimitiría "si la víctima afirma que se sintió desprotegida por él mismo como ministro". Lo dijo como quien se pone una condición imposible para salvar el traje. Como quien juega con el sentido exacto de una palabra para no tocar el fondo de la cuestión.
Pues bien: el fondo es éste. La víctima —según su abogado— ha solicitado protección y teme por su integridad física. Y, según el relato conocido, el presunto autor mantiene su condición de agente, con lo que ello implica en términos de estatus, entorno y acceso a medios. La denunciante, en cambio, carga con la soledad de quien sabe que su verdad incomoda.
La magistrada tendrá sus motivos —y su agenda— para demorar declaraciones, diligencias o decisiones. Pero el impacto social y moral ya es irreparable: la institución no transmitió a una de los suyos la seguridad mínima para denunciar dentro de la propia institución.
Y eso, Fernando, no se arregla con un condicional.
Verás, ministro, por si este texto te llega: dimitir no es un gesto teatral ni un "si me lo dicen". Es asumir que, bajo tu mando político, una policía nacional ha vivido —y ha descrito— un infierno, y que el ecosistema jerárquico que debía protegerla la empujó a buscar refugio en el juzgado. No en su comisaría; ni en la Guardia Civil. No en sus compañeros; ni en sus hermanos. En el juzgado.
Querido lector: no hace falta papel, ni lapicero, ni mapa, ni línea de puntos. Basta una pregunta.
¿Qué clase de país es éste, en el que una mujer policía no se fía de su propia casa para denunciar una violación presunta?
De un país en quiebra. Exactamente de eso.