Es un hecho ampliamente acreditado que las medidas sociales que el gobierno socialcomunista pone en marcha tienen como objetivo principal socavar al Partido Popular allá donde gobierna. La regularización masiva anunciada por el Ejecutivo sanchista es otra operación de Sánchez para llevar al límite a su rival político, utilizando para ello todo el poder del Estado.
La regularización de 500.000 inmigrantes ilegales, que con los procesos de reagrupación familiar pueden convertirse en más de dos millones, no es una decisión inocua adoptada por interés humanitario, sino una bomba de relojería que va a afectar a la calidad de los servicios públicos (ya muy deteriorados por la gestión socialista), los cuales no van a poder absorber ese incremento brutal de nuevos usuarios en tan corto espacio de tiempo.
A este respecto, escandaliza el hecho de que nadie en el Gobierno sepa a cuántas personas se va a regularizar, dado que la decisión se ha tomado en vacío, sin garantías de que el proceso se vaya a realizar de manera correcta y sin establecer un número máximo de beneficiarios. Así pues, el medio millón inicial puede convertirse en tres millones de personas incluyendo a los solicitantes de asilo y la llegada masiva de familiares, dando lugar a un efecto llamada que ya ha hecho saltar las alarmas en Bruselas y provocado una denuncia firme por parte de Italia, puesto que el efecto llamada afectará a todos los países de la UE.
El primer problema derivado de esta decisión de Sánchez reside en la forma en que se va a llevar a cabo. Los servicios de Extranjería, que ya están desbordados en su funcionamiento cotidiano, no van a poder absorber la demanda brutal de nuevas solicitudes de residencia que se van a generar en los dos meses que va a durar el proceso. Como señalan acertadamente los sindicatos policiales, va a ser materialmente imposible comprobar a tiempo los antecedentes penales y policiales de los solicitantes, lo que convertirá el proceso de regularización de Sánchez en un coladero para todo tipo de delincuentes.
Nuestro Estado del Bienestar, gestionado en su mayor parte por las comunidades autónomas, quedará también al borde del colapso, ante la imposibilidad de dar atención a esa avalancha de inmigrantes que reclamarán atención sanitaria, educativa y asistencial en cuanto obtengan su residencia legal. Pero Sánchez, una vez más, deja al margen de sus fechorías a las regiones controladas por sus socios parlamentarios, a las que, en este caso concreto, permitirá introducir un requisito ridículo e imposible de cumplir por los recién llegados como el conocimiento de la lengua regional.
La falta de información, el rechazo a la negociación con las autonomías y las consecuencias de un colosal efecto llamada son los elementos de peso que el Partido Popular ha introducido en sus alegaciones al proyecto sanchista, que no es mejorar la vida de los inmigrantes y ensanchar nuestro mercado laboral, sino castigar a las comunidades populares y dar alas a la opción política de Vox para tratar de mantener el poder a partir de 2027.