En pleno Ramadán, un hombre ocupa todo el pasillo de la tenebrosa estación de autobuses de Manresa. Está postrado en el suelo, en dirección, es de suponer, a la Meca. Los pocos transeúntes se dan la vuelta y evitan pasar al lado del sumiso fiel, que no ha debido encontrar un lugar más discreto para elevar sus plegarias. No será por falta de oratorios en la ciudad donde San Ignacio de Loyola se recluyó en una cueva.
Miles de personas procedentes de Pakistán y de Argelia, entre otros países de obediencia islámica, colapsan los consulados de sus naciones en Barcelona tras el anuncio de regularización masiva de inmigrantes. La presencia de mujeres entre ellos es residual, anecdótica. Las pocas que hay se cubren el cuerpo y casi toda la cara.
En el Raval de Barcelona se ven pocos españoles y casi todos aferrados a un bote de cerveza o a una jeringuilla, destruidos por las adicciones. El personal es mayoritariamente mahometano. Casi todos los comercios exhiben el mismo nombre en sus letreros: "Awami", "Público" en urdú. En el resto de la ciudad proliferan los supermercados 24 horas y las tiendas de carcasas regentadas por pakistaníes. Es conocido que en esos negocios se venden citas para las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Por lo demás, están vacías de clientes.
Todo el mundo cree que se dedican a blanquear dinero procedente de actividades como la prostitución, el tráfico de estupefacientes y el terrorismo. Pero ninguna autoridad hace nada. Bueno, sí. La Guardia Urbana de vez en cuando cierra alguna de esas tiendas porque encuentra productos caducados o personas sin documentación y en situación de esclavitud. Los traen a España a cambio de papeles, pero tienen que trabajar gratis durante años en condiciones inhumanas para saldar la deuda. Igual que las mujeres prostituidas.
En esas mismas calles de Cataluña los pobres de pedir son ancianos y ancianas del país o gente en la cincuentena que ha sido expulsada del mercado de trabajo o el inmobiliario. Historias de divorcios y de dipsómanos. Y africanos jóvenes o de mediana edad que se reparten las puertas de supermercados y cadenas de panaderías para aprovechar la buena fe de las buenas gentes. Muchos subsaharianos se han convertido en chatarreros, pero otros han hecho de la mendicidad su medio de vida. Unos y otros aprovechan lo que nos sobra, lo que tiramos. Nada que objetar ante quienes arrastran carros de chatarra. Ojalá les vaya bien, mejor que bien, aunque hasta rebuscar en la basura se haya convertido en un monopolio que se defiende a palos.
El odio a España y a los españoles puede ser una de las razones que explique la regularización masiva de inmigrantes que ha emprendido el Gobierno de Pedro Sánchez con el rastrero aplauso de muchas organizaciones empresariales y de la Conferencia Episcopal. El efecto llamada en España no es la posibilidad de tener un trabajo, sino las ayudas sociales, las cantidades por hijo, el ingreso mínimo vital, las rentas de ciudadanía, los bonos energéticos, las ayudas municipales, los subsidios autonómicos, las prestaciones estatales. Más la sanidad y la educación gratis. Y para redondear, la posibilidad de atrincherarse en una propiedad ajena. Todo gratis, amigo.
El Gobierno y los gobiernos regionales y locales están destruyendo la España del esfuerzo y el bienestar que construyeron nuestros padres y abuelos y les importa, un pijo, una higa y un truño porque cuentan con el beneplácito de las conferencias episcopales, empresariales y políticas. Lo están destruyendo todo. Y a conciencia. Pero no se quedarán a ver el final. Huirán a Roma, a la República Dominicana o a algún paraíso fiscal a bailar en TikTok como la hija de Pepe Bono.