Con la jovialidad forzada que exhibe cuando cree que hace gala de astucia, el presidente del Gobierno ha pedido al partido de la oposición que escuche a la Iglesia y a la patronal y deje de oponerse a la masiva regularización de inmigrantes en curso. Como si dijera: parece mentira, jaja, que tenga que ser yo quien le diga al PP que haga caso a las jerarquías de la patronal y de la Iglesia católica. El sobreentendido, por si hay que explicarlo, es que los de Feijóo son sensibles, dicho en suave, a cuanto interesa a dos organizaciones, una religiosa y otra secular, con las que se supone están a partir un piñón, mientras que él, Sánchez del PSOE, se encuentra en las antípodas de la una y de la otra, ubicación que debe discutirse enseguida: se sitúa allí donde convenga para vender su mercancía. En materia de inmigración, el discurso del Gobierno ha consistido en alternar dos tipos de demagogia, la sentimental y la económica. Una mezcla del humanitario "ningún ser humano es ilegal" y el utilitario "necesitamos mano de obra y pagadores de pensiones".
Que Sánchez recurra a la patronal y a la Iglesia para bendecir la regularización más laxa de cuantas se han hecho en España, señala que necesita ampliar la base de aceptación más allá de aquella con la que cuenta habitualmente. Una izquierda en fase menguante no es respaldo suficiente para una decisión que tiene dimensiones inéditas y va a acarrear consecuencias sin precedentes. De entrada, las tendrá en servicios públicos fundamentales, ya con carencias, como la sanidad y la educación. Los efectos no se ven de inmediato, lo cual conviene a un Sánchez que enfila la salida, pero para salvaguardar alguna posibilidad de repetir en Moncloa, debe salir de su zona de confort. La Iglesia y la patronal le sirven para perfilar la ficción de que existe un consenso social sobre la bondad de la regularización. Y este tipo de ficciones, que surcan el fluido de la opinión, son el primer paso para hacerlas reales.
Esta regularización es la prueba de un fracaso, pero de un fracaso intencionado. Si hay cerca de un millón de inmigrantes que están en España ilegalmente, es porque el Gobierno lo ha querido. No ha tenido una política de inmigración legal, ajustada a las necesidades del mercado laboral, como otros países democráticos, y ha preferido la avalancha desordenada. Es mucho más fácil, no hay que hacer nada. La inacción la ha justificado de mil maneras. Tuvo mucho eco la que se basó en un informe del Banco de España, antes de Escrivá, que parecía legitimar la necesidad de abrirse a la llegada de millones de inmigrantes. Se ocultó que el informe decía que el tipo de inmigración que tenemos, de baja cualificación en general, no resuelve las carencias del mercado laboral español. Pero, fueran cuales fuesen las justificaciones, lo único cierto es que el Gobierno no ha hecho nada a fin de evitar hacer algo que incomoda al progresista de salón. Filtrar la entrada, proteger fronteras, deportar, son acciones que el de salón no soporta. Esta regularización de ahora es la evidencia de un fracaso provocado con deliberación, pero no sólo. Muestra la voluntad decidida de seguir fracasando. Porque, para algunos, es un fracaso rentable.