Este martes el PSOE ha logrado, con un incomprensible apoyo del PP y de Vox que realmente alguien tendría que explicar muy bien –y que ese alguien no sean Cuca Gamarra y Jorge Buxadé, por favor–, una propuesta de ley con la que pretende abolir la prostitución, nada más y nada menos.
Desde que existe algo similar a una sociedad, quizá incluso de antes, se ha ejercido una actividad que por algo es denominada "la profesión más antigua del mundo", pero resulta que Adriana Lastra, Cuca Gamarra y la portavoz de Igualdad del PP, Marta González, van a acabar con ella publicándolo en el BOE. Si no fuera ridículo y en cierto sentido terrorífico, este convencimiento de los socialistas de todos los partidos de que pueden abolir comportamientos humanos con una ley sería en parte encomiable y hasta enternecedor. Si no fuera.
Realmente, me resulta difícil entender el comportamiento al mismo tiempo tan naif y soberbio de estas abolicionistas, que por un lado creen que el poder político es absoluto y tiene la capacidad de cambiar comportamientos que llevan miles de años siendo parte de prácticamente todas las sociedades humanas y por otro deben de estar convencidas de que, siendo así, si hasta ahora no se ha acabado con algo tan malísimo como el intercambio de sexo por dinero debe de haber sido porque nadie lo ha deseado lo suficientemente fuerte, como recomiendan esos eslóganes de taza que se han puesto tan de moda últimamente. Ánimo, Adriana, si tú abolicionas con toda tu fuerza no hay humanidad que se te resista y cumplirás todos sus sueños.
Por desgracia, la experiencia nos enseña que la realidad tiene una característica con la que estos totalitarios de las costumbres no cuentan: es increíblemente tozuda y cuando determinadas cosas se prohíben no desaparecen, sino que simplemente se pasan íntegramente al plano de lo ilegal y quedan en manos de mafias entre las que la mayor ventaja competitiva es la violencia. Eso ocurrió con el alcohol en los Estados Unidos de la Ley Seca, ocurre con las drogas en todo el mundo y, en general, ocurrirá con aquello cuya venta legal se prohíba de aquí en adelante y hasta el fin de los tiempos.
Sería simplemente otra ley que se incumple si no fuese por las consecuencias negativas, normalmente trágicas, que estas prohibiciones tienen siempre para aquellos que en teoría pretenden defender: los bebedores, que en no pocos casos pasaron de beber alcohol a ingerir veneno; los drogadictos, que en lugar de tomar un producto controlado y en dosis siempre idénticas se meten cualquier cosa y a saber en qué cantidad real y, por supuesto, las prostitutas, que no podrán desarrollar su actividad en un entorno mucho más seguro y con mayores garantías sanitarias. Es una verdadera pena que en las exiguas mentes de Lastra, Gamarra o la señora González –que vaya tonterías ha dicho en el debate sobre la cuestión en el Congreso– no haya espacio para las consecuencias reales de sus actos, más allá de los unicornios y los arcoíris de la corrección política y la moralina.
Si no fuera así, si todo lo malo o lo que no nos gusta pudiese borrarse sólo con publicarlo en el BOE, podríamos plantearnos objetivos más ambiciosos como abolir la inspección de Hacienda y salvar así a los que la ejercen de una profesión mucho más indigna y degradante que la prostitución o, incluso, abolir el PSOE, que eso sí que sería perfeccionar la sociedad, proteger el bienestar y mejorar la ciudadanía.