Hay que regresar al 29 de septiembre de 2017, ahora que el ministro portavoz del Gobierno ha pedido perdón "a las personas que se sintieron maltratadas", el 1 de octubre en Cataluña, por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y hay que regresar a esa fecha por una importante razón. Porque la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado para impedir el ilegal referéndum separatista, esa actuación que ha causado el acto de contrición del ministro, no se puede disociar de lo que ocurrió el último viernes de septiembre en el Consejo de Ministros. Para ser exactos: no se puede disociar de lo que no ocurrió; de lo que el Gobierno de España, en aquel instante, evitó hacer.
Rebobinemos. En septiembre, se había llegado en Cataluña a una situación de doble poder en grado extremadamente crítico. El Govern de Puigdemont y Junqueras no sólo se había situado fuera de la ley, como acreditaron las sesiones del Parlamento de principios de mes. No sólo había mostrado que estaba dispuesto a instigar actos de tipo insurreccional, como los que tuvieron lugar contra la comitiva judicial que fue a hacer un registro en la Consejería de Economía de la Generalitat. Además, había dado indicios de que utilizaba a la Policía autonómica para conseguir burlar la ley y las órdenes judiciales, algo que abría la peligrosa posibilidad de una fuerza armada al servicio del golpe. La señal más evidente apareció durante los actos de acoso y violencia del 20 y el 21 de septiembre –ahora parte sustancial del proceso por delitos de rebelión y sedición–, cuando, con las típicas astucias del procés, los mandos de los Mossos dejaron a la comitiva judicial en la encerrona.
Después de aquella experiencia, creer que el major Trapero iba a desplegar un dispositivo adecuado para impedir que el 1 de octubre hubiera urnas y gente votando era un ejercicio de autoengaño. O algo peor. Porque al ver ahora de nuevo la comparecencia del ministro Méndez aquel viernes se tiene la inquietante impresión de que el Gobierno era consciente de que los Mossos no harían lo que tenían que hacer. Se tiene esa impresión al ver cómo Méndez evita responder a las dudas razonables de la prensa sobre cómo se iba a lograr que los colegios no fueran ocupados desde muchas horas antes. Se tiene cuando se le ve contar chistes, que nadie rio, sobre los diez euros que había que pagar para acceder al centro de prensa montado para seguir el referéndum separatista. O sobre las urnas compradas en los chinos. Y se tiene cuando se le oye decir que está completamente seguro de que los Mossos "van a cumplir con la ley".
El 29 de septiembre, el Gobierno tuvo una última oportunidad para cesar a Trapero y poner a los Mossos bajo un mando leal, que no hiciera trampas y tomara las medidas necesarias para que se cumpliera el mandato judicial respecto al 1-O. Sabemos ahora que los agentes de los Mossos fueron enviados a los colegios tarde y sin medios, para que asistieran como meros observadores al intento de referéndum, en ningún caso para obstaculizarlo. Y esa actuación, ordenada por Trapero, no fue imprevisible. Al revés. Sin embargo, el Gobierno no quiso asumir el coste político de intervenir la Policía autonómica antes del 1-O. Fue esa falta de coraje político lo que obligó a una intervención in extremis, con los colegios llenos de gente, de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo que merece crítica no es la actuación policial, sino que el Gobierno no tomara a tiempo el control del orden público y la seguridad en Cataluña. Lo que merece crítica es que el Gobierno, pese a los indicios y los precedentes, dejara el cumplimiento del mandato judicial en manos del major Trapero. Si hay que pedir disculpas por algo es por todo eso, ministro Méndez.