No sabe Carmen Calvo cuánto estoy de acuerdo con ella en que "abrir brechas y bandos con las lenguas es un mal camino", como acaba de decir. La diferencia es que yo pienso que los que abren esas brechas y esos bandos son, ante todo, los nacionalistas. En cambio, Calvo y la Ejecutiva del PSOE creen que los abren quienes desean que la lengua española tenga más presencia en las aulas catalanas o quienes quieren que para trabajar en la sanidad balear sea más importante la capacitación profesional que el conocimiento de la lengua catalana, convertido en condición sine qua non por el Gobierno autonómico.
Por si no lo recuerdan Calvo y la actual dirección del Partido Socialista, hubo una época en que su partido no estaba tan dispuesto a tolerar la intransigencia nacionalista en materia lingüística. Así, el Gobierno de Felipe González recurrió en 1983 ante el Tribunal Constitucional varios preceptos de la Ley de Normalización aprobada por el Parlamento vasco. El recurso fue parcialmente estimado. Aquel mismo año, también recurrió al TC la Ley de Normalización aprobada en Galicia, que establecía el deber, o sea, la obligatoriedad del conocimiento del gallego. Esto no vino de los nacionalistas, todo sea dicho, sino de un Gobierno presidido por Fernández Albor, de Alianza Popular. Al tener noticia del recurso del Gobierno central, Albor dijo que el precepto no suponía imponer la lengua a nadie, sino "reconocer legalmente algo que es normal en Galicia". El TC lo declaró inconstitucional.
En 1985, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, que seguía siendo el de González, recurrió al Constitucional la Ley de la Función Pública de la Generalitat del mismo año. Recurrió, en concreto, un inciso de un artículo de la ley, que decía: "En el proceso de selección deberá acreditarse el conocimiento de la lengua catalana en su expresión oral y escrita". Se trataba, en fin, de ese requisito lingüístico que ha vuelto a la actualidad y a la polémica por el decreto de Baleares. El Gobierno socialista de 1985 consideró que el requisito vulneraba el derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, consagrado en la Constitución. El Tribunal no le dio la razón.
La sentencia 46/1991, que es de cuando era presidente del TC Francisco Tomás y Valiente, declaró constitucional el inciso recurrido, pero añadió unas consideraciones que resultan ahora muy oportunas sobre "la proporcionalidad de la exigencia". Decía esto: "(...) sería contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública exigir un nivel de conocimiento del catalán sin relación alguna con la capacidad requerida para desempeñar la función de que se trate. Ciertamente, una aplicación desproporcionada del precepto legal podría llevar a resultados discriminatorios (...)". Al TC no le valía como argumento de inconstitucionalidad de una norma el que en su aplicación pudieran producirse extralimitaciones. Pero reconocía que el uso de la exigencia de manera irrazonable y desproporcionada podía vulnerar la igualdad. Había que examinar las convocatorias de concursos y oposiciones y, en su caso, impugnarlas ante la jurisdicción ordinaria.
La Ejecutiva socialista no va a hacer ningún examen de la proporcionalidad y la razonabilidad del decreto balear, puesto que ha decidido respaldarlo de forma incondicional. Tal vez por la única razón de que es obra de un Gobierno que preside el PSIB-PSOE. Tal vez porque sus posiciones en materia lingüística se han ido identificando con las nacionalistas en el curso del tiempo. Por ambas cosas. Tampoco está la dirección del PSOE por hacer cumplir la sentencia del Supremo sobre el uso del español en la escuela catalana, que no va más allá de establecer un mínimo de un 25 por ciento de clases en la lengua común, y eso cuando lo pida un alumno. Bueno, dice que está a favor de que se cumpla, pero no ahora, lo cual es una extraña manera de estar por cumplirla. Y ya ha salido, por boca del PSC, la vieja falacia de la "segregación". Junto a la otra, la de la "cohesión".
Es un debate que no quieren abrir, pero se abre, porque, en contra de lo que desean, no está cerrado. No lo está debido a que hay, desde hace mucho tiempo, un proceso de expulsión de la lengua común. Este proceso se legitima en la necesidad de "corregir positivamente una situación histórica de desigualdad [de las otras lenguas] respecto al castellano", por citar otra sentencia del TC, de 1994. La justificación suscita muchas preguntas, pero hoy sólo hago una: ¿cuándo se considerará corregida esa situación histórica de desigualdad? Sospecho que la respuesta de los normalizadores es esta: cuando los territorios bilingües dejen de serlo, cuando se deje de hablar allí español, en definitiva, cuando el español deje de ser la lengua común de los españoles. Lo consigan o no, hacia ahí es hacia donde van. Así no hay manera, señora Calvo, de que no haya brechas y bandos.