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Por qué defienden el arancel lingüístico

Disponer de una lengua común es una ventaja. Una muy importante. Pero resulta que hay cerrados intereses para neutralizarla y acabar con ella.

Cristina Losada
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EFE

Si te metes con el arancel lingüístico, ya sabes lo que te espera. De aperitivo, titulares en la prensa que pondrán el término "prohibición" junto a "lenguas cooficiales". Así, o en variantes parecidas, anunciaban la herejía en periódicos de distintas tendencias: "Ciudadanos quiere prohibir la lengua cooficial como requisito para ser funcionario". Sólo había que leer la letra pequeña para comprobar que la propuesta retratada como prohibicionista no iba de prohibiciones: iba de levantarlas. Pues el requisito lingüístico para ser empleado público, tal como se establece en leyes y decretos autonómicos y tal como se aplica, prohíbe de facto el acceso a esos empleos de ciudadanos de otras comunidades autónomas. Pone un obstáculo que lo dificulta o lo hace prácticamente imposible.

Por más que lo sugirieran titulares y lo vocearan otros partidos, la propuesta ni prohibía ni menoscababa las lenguas cooficiales. Consistiría en modificar un artículo de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para agregar algo como esto:

El conocimiento de la lengua cooficial sólo podrá ser considerado como un mérito a valorar en el contexto de la realidad social de su efectivo desempeño, de manera proporcionada a su necesidad y adecuación en atención al tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar.

Por tanto: que el conocimiento de la lengua cooficial sea un mérito, no un requisito, no una conditio sine qua non, y que su valoración pueda modularse. ¿Quién podría estar en contra de una fórmula de ese tipo? Todos. Todos aquellos para los que el arancel lingüístico es sagrado.

Es asunto interesante por qué demonios es tan sagrado el requisito lingüístico, que cualquier intento de tocarlo levanta un rugido general. La razón está más allá de las declaraciones de amor a las lenguas injustamente preteridas que hacen ostentosamente nacionalistas oficiales y oficiosos. Está, en realidad, más acá de ese permanente San Valentín lingüístico, porque no se vive sólo de romanticismo. El auténtico motivo de sacralizar el arancel es que cumple exactamente la función que se quiere que cumpla. El objetivo de la propuesta de Ciudadanos, según el propio partido, es que el conocimiento de las lenguas cooficiales no se convierta en una barrera de entrada para acceder al empleo público. El problema es que eso es justo lo que se pretende: que sea una barrera de entrada.

Lo apuntó en su día el lingüista Juan Ramón Lodares al filo de la publicación, tres años antes de su muerte, de Lengua y patria: sobre el nacionalismo lingüístico en España. La recuperación de las lenguas nacionales, decía, no busca tanto una recuperación de un pasado ideal, sino hacer frente a problemas futuros. Se trata, explicaba, de que los naturales de un lugar tengan ventaja frente a los que lleguen de otras comunidades para trabajar. Dicho de otra manera, se trata de proteger a los nativos de la competencia de los forasteros. En nuestro caso, de protegerlos de esa competencia al menos en el empleo público. Es, en fin, una política proteccionista. Y por eso lo llamo arancel.

Este arancel, como suele ocurrir, tiene su envés, su tiro por la culata. Ciertamente obstaculiza que un médico leonés vaya a trabajar a la sanidad pública de Baleares o del País Vasco, pero también obstaculiza que una médica vasca vaya a trabajar a Baleares. Y viceversa. Párense a pensar sus defensores y aquellos que creen que les beneficia porque les quita competidores. Dénle vueltas. El requisito perjudica a todos. A todos les reduce las posibilidades y oportunidades de trabajo.

Ahora me dirán: oiga, que aprendan la lengua cooficial exigida, que tampoco es para tanto. Oiga –esto me lo han dicho muchas veces– si un médico o un enfermero van a trabajar a Londres, tienen que saber inglés, y aquí es lo mismo. Ya, Londres. London. Por ahora, está en otro país. En el nuestro, aunque disguste a algunos, tenemos una lengua común. Disponer de una lengua común es una ventaja. Una muy importante. Pero resulta que hay cerrados intereses para neutralizarla y acabar con ella. Para eso, entre otras cosas, se impone el arancel lingüístico y se declara intocable.

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