Desde un punto ético, ¿son malas las exenciones de impuestos? La respuesta no es tan trivial como pudiera pensarse. Por un lado, es indudable que implica una desigualdad entre ciudadanos e instituciones entre quienes se benefician de ella y quienes no. Pero por otro supone una rebaja de impuestos, es decir, una reducción del saqueo del Estado sobre los bienes legítimamente adquiridos por nosotros, los saqueados, digo contribuyentes. ¿Tiene solución este dilema?
Es dudoso que esa pregunta tenga una sola respuesta universal, aplicable en todos los casos. Por ejemplo, es comprensible la inquina hacia un instrumento como las SICAV, que no deja de suponer una suerte de exención fiscal para ricos, pero también es cierto que sin ellas la recaudación no sería mayor sino menor, pues las inversiones se harían en otras naciones con leyes más favorables. Resulta difícil oponerse a las ventajas fiscales para las empresas tecnológicas en Irlanda, o las "zonas libres" de Panamá, claves en el desarrollo de ambos países, a no ser que seamos socialistas y prefiramos la igualdad en la miseria.
Son frecuentes en muchas legislaciones, sin ir más lejos la estadounidense, las desgravaciones para el dinero destinado a diversos fines, desde las campañas políticas a las asociaciones pasando por las organizaciones de caridad. Se busca de ese modo fomentar unos comportamientos que se consideran beneficiosos para la sociedad, pero que se considera que no deben ser realizados por el Estado. Bajo esta misma premisa estarían las exenciones del IBI. Evidentemente, estas excepciones, sean del tipo que sean, son una puerta abierta al fraude, además de suponer una intromisión del Estado en las elecciones libres de las personas. Pero estos beneficios fiscales plagan las leyes de todos los países, y por eso es frecuente que los liberales exijan la eliminación de exenciones y desgravaciones acompañada de una subsiguiente reducción de tipos, para evitar que con la excusa de igualarnos a todos lo hagan por arriba, los jodíos.
No obstante, que este asunto esté de actualidad demuestra una vez más la capacidad de la izquierda para marcar la agenda. Del IBI siempre ha estado exenta la Iglesia –en parte de sus propiedades–, pero también otras confesiones –como la evangélica, lo que debería llevar a algunos a "caérsele la cara de vergüenza"–, partidos, sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro, etc. Sin embargo, ha sido mencionar la palabra "Iglesia", esa que tanto hace salivar a los progres patrios, y montarse la de Dios, nunca mejor dicho.
Algo similar ocurrió el verano pasado con la figura del "acontecimiento de excepcional interés público", que pese a llevar muchos años en nuestra legislación sólo provocó polémica tras ser declarada como tal la Jornada Mundial de la Juventud de agosto de 2011. Ningún evento anterior, ni posterior, ha llevado a que se diga una palabra más alta que otra, pese al carácter privado de muchos de ellos y el dudoso "interés público" real de algunos, como la Volvo Ocean Race o "2012 Euskadi, Año de las Culturas por la Paz y la Libertad".
El objetivo de esta polémica, por tanto, no es alcanzar el razonable y liberal objetivo de eliminar todas las exenciones de impuestos, sino el muy sectario y socialista de eliminarlas sólo para aquellas instituciones que más daño hacen a sus objetivos. Es decir, reducir la financiación de quienes consideran no ya rivales sino enemigos. Sorprende que haya liberales que tan alegre e inconscientemente se dediquen a colaborar con la izquierda en esta como en otras cuestiones.