Empezamos este miércoles el repaso a los salmónidos con el artículo en Cinco Días de Manuel Pimentel, "Bienvenida la regularización". El ex ministro del PP muestra su entusiasmo porque "se ha habilitado un procedimiento especial para agilizar los trámites, toda vez que el sistema es bastante innovador en comparación con los usados en anteriores regularizaciones". Será por los errores burocráticos que se están produciendo. Añade Pimentel que "como siempre, se oyen voces demagógicas asustando con las hordas que acudirán por el efecto llamada, intentando aterrar a la población con todas las plagas bíblicas habidas y por haber. El caso es vender el miedo al inmigrante, para cosechar votos vendiendo la seguridad frente a ellos".
A la demagogia barata responde La Gaceta de los Negocios en su editorial, que denuncia que en "el debate político" se están sustituyendo los "argumentos por los calificativos" y critica que los "responsables socialistas" digan que "la oposición a las circunstancias de la llamada regularización es fruto de la xenofobia o la relación con las mafias". Para La Gaceta, "afortunadamente, la cascada de improperios no ha pasado a la esfera internacional, donde Holanda, Francia o Alemania han criticado la medida española, pues cuando se tomó en el pasado en sus países produjo resultados muy negativos".
Por cierto, que en Expansión nos enteramos de que "Cataluña quiere un INEM propio en el extranjero para atraer mano obra". Más que Cataluña es el tándem Maragall-Rovira el que quiere abrir un SILO (Servicio Laboral en Origen) en algún país de Europa central, Norte de África o Sudamérica. Eso sí, desde la Generalidad dice que no quieren "abrir consulados" en el exterior sino "organizar dispositivos de apoyo" a las embajadas españolas. Ya, ya...
Puede que al Gobierno del PSOE le pueda salir caro la última del comisario Almunia. Lo cuenta Expansión: "El caso Mintra amenaza el futuro del plan de financiación del AVE". Resulta que lo que Solbes dio como bueno para la Comunidad de Madrid cuando mandaba Gallardón, Almunia no lo permite con Esperanza Aguirre como presidenta. Ahora el Eurostat estaría vigilando la deuda del antiguo Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, que es el encargado de la construcción de varios tramos del AVE y que acumula un pasivo de 5.000 millones de euros.
