Ya hemos denunciado que el escándalo de las filtraciones del sumario del caso Gürtel al Grupo Prisa es mucho más grave que la posibilidad de que Camps recibiera unos trajes como regalo. También que no puede tolerarse que la vicepresidente del Gobierno, y presidente en funciones, María Teresa Fernández de la Vega, dé órdenes a la Fiscalía para que recurran un auto que archiva la causa contra el presidente de la Generalidad Valenciana, que no deja de ser también miembro destacado de la oposición. Pero eso no supone un apoyo ciego a todo lo que haga el PP contra la cacería que ha desatado el Gobierno contra los populares.
Hay denuncias, como las que ha realizado Cospedal, que sólo se pueden hacer cuando hay pruebas fehacientes o al menos un cúmulo de indicios de cierto peso. Como ha recordado el CEP –nada sospechoso de inquina hacia los populares–, asegurar ser víctima de "escuchas ilegales" sin ofrecer ningún sustento probatorio o siquiera indiciario puede afectar a la "calidad de nuestra democracia". Se equivoca en cambio este sindicato al suponer que Cospedal acusaba específicamente a la Policía, pues la dirigente popular se ha cuidado al menos de no atribuir ninguna autoría a las supuestas escuchas.
No negamos que la historia de la "exclusiva" de la Cadena SER del pasado fin de semana resulta, cuando menos, sospechosa. En uno de sus cada vez más habituales patinazos, la radio de Prisa acusaba a Trillo de presionar a uno de los tres magistrados del TSJCV que archivaron la causa contra Camps, Juan Montero, y que tanto este juez como De la Rúa estarían intentando convencer al tercer magistrado, Ceres, para que se sumara a su decisión. Llegaban a asegurar que el juez Montero había estado en contacto "casi diario" con Trillo. Se da el caso de que fue precisamente este magistrado el que emitió un voto particular discrepante, lo que deja en ridículo una vez más a la cadena y demuestra la falsedad de la "exclusiva". Pero el PP asegura que, durante esos días, Trillo estuvo efectivamente en contacto con otro Montero, Juan Ramón, representante legal de los populares en esa causa. ¿Cómo sabían en Prisa con quien hablaba Trillo? ¿Quién podía saberlo?
Sin embargo, aunque en este suceso existan razones para sospechar y exigir a los tribunales una investigación, sólo con esto no se puede establecer una acusación general de estar sufriendo "escuchas ilegales". En cualquier país que se respete a sí mismo, espiar a la oposición debería llevar a la dimisión del presidente del Gobierno, como ya tuviera que hacer Nixon. Por tanto, la acusación debe ser firme y seria y no basta con que la secretaria general del PP asegure "constarle" que está sucediendo mientras fuentes del partido dan a conocer, sin dar la cara, el asunto Trillo.
Al actuar de una forma tan chapucera, Cospedal está regalándole credibilidad a una De la Vega que si hay algo que no merece es tener credibilidad, y menos en la misma semana en que anunciara desde Costa Rica la intención de la Fiscalía de recurrir el archivo de la causa contra Camps. Así, por más que suene ridícula en su boca la afirmación de que en el caso Gürtel "lo que hay es un funcionamiento normal de las instituciones", no se puede evitar darle la razón a la vicepresidenta cuando condena que "se vengan a lanzar sombras de sospecha sobre el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho", como, por cierto, hizo en su momento el PSOE valenciano acusando al TSJCV de "bloquear la investigación" sobre Camps.
Lanzar acusaciones de esta gravedad sin tener nada sólido con que sustentarlas no hace sino dañar la credibilidad de quien las hace. Aunque finalmente el PP acuda a los tribunales, el daño ya estará hecho, y sólo podrá repararse en el improbable caso de que los jueces encuentren algo punible. Al margen ya de ideologías y estrategias, parece como si los actuales dirigentes populares fueran incapaces de hacer política sin meter la pata. Malas noticias para una España necesitada de cambio.